Hoy vence el plazo para que el Presidente de la República remita al Senado el nombre que seleccionó de la quina elaborada por la Corte Suprema para el cargo de fiscal nacional. Los días previos se han caracterizado por destacar los defectos de los postulantes y las fidelidades que los identifican.
En ese intercambio de información y filtraciones, poco o nada se ha dicho sobre el perfil que se necesita para dirigir el Ministerio Público y la forma en que los candidatos cumplen con esas exigencias. Porque en este nombramiento no solo está en juego la política de persecución penal; lo está también transformar una organización con serios problemas de gestión que afectan la eficacia de sus resultados. Las condiciones en la cuales se desarrolla esta conversación son importantes, además, para los nombramientos que en los próximos 13 meses requerirán el acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado.
De aquí a diciembre de 2023 se deberá nombrar tres nuevos ministros de la Corte Suprema. Estas designaciones son claves, no solo por el clásico debate sobre el tipo de juez que deseamos tener; también porque con dichas designaciones es posible lograrla paridad por primera vez en nuestro tribunal supremo, a partir de postulantes que provienen desde la carrera judicial. Lo mismo sucederá cuando, en diciembre de 2023, se deba concordar el nombre del próximo contralor, una institución que con casi un siglo de existencia —los cien años los cumplirá en 2027— tiene la posibilidad de ser dirigida por primera vez por una mujer.
Por eso los criterios de selección para el próximo fiscal nacional pueden anticipar la manera en que algunos afrontarán los nombramientos en 2023. De ahí que declaraciones como la del senador Pedro Araya hace algunas semanas, cuando señaló con cierto desaire que “aquí el factor de género no corre”, encierran un peligroso argumento para los procesos que siguen.
Las instituciones autónomas cumplen un rol determinante en el sistema democrático. Ellas suelen ser explicadas como un “cuarto poder” del Estado, porque se estructuran como parte de un complejo sistema de control, independiente y contramayoritario. Ahí están organismos tan diversos como la Contraloría, el Banco Central, el Ministerio Público o el Servicio Electoral. Lograr paridad en dichas instituciones, como en otros poderes del Estado, es quizá una poderosa señal para avanzar decididamente en la igualdad de género en otros ámbitos de la sociedad.
Por eso en los debates sobre este nombramiento se juega algo más que los destinos del Ministerio Público; estarán presentes también los criterios para las próximas designaciones, considerando el rol simbólico de las instituciones del Estado y la manera en que estas pueden contribuir al consenso sobre la paridad.