El Presidente ha decidido utilizar todo su “cesarismo presidencial”. No solo anticipando que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para oponerse al proyecto de ley de 40 horas, porque ello invadiría su iniciativa exclusiva. También ha anunciado, a través de una entrevista que concedió su abogado, Gastón Gómez, que otros proyectos de ley en actual tramitación podrían tener el mismo destino. De concretarse esta amenaza, se iniciaría una inédita disputa constitucional con el Congreso Nacional.

El año 2007, el propio TC había recordado que la iniciativa exclusiva constituye una excepción a la condición de colegislador que tiene el Presidente con las cámaras del Congreso, de modo que debe ser interpretada restrictivamente, pues, de lo contrario, “podría llegar a desvirtuarse del todo la función principal del Congreso Nacional y el ejercicio de la soberanía que se cumple a través de él”.

La estrategia del Ejecutivo es compleja, además, para sus propios intereses. Al declarar que recurrirá masivamente ante el TC contra proyectos de ley, reconoce que no está en condiciones de sostener el razonable proceso de deliberación pública que exige la democracia. No basta con señalar que un proyecto es negativo o derechamente malo. Es necesario —como en todo debate de política pública— discutir sobre la base de la evidencia disponible, con la finalidad de persuadir sobre alternativas de decisión. Es a esto lo que ha renunciado el Gobierno. Este olvida con facilidad que el primer responsable de proveer antecedentes para legislar es él, sencillamente porque en sus manos está la información más importante para discutir sobre estos asuntos.

Además, esta declaración se ha dado en un momento en el que un grupo de diputados ha presentado una acusación constitucional contra la ministra de Educación. Con indiferencia de los méritos jurídicos de esta, lo cierto es que -como afirmó Gerald Ford- al ser un juicio político, una infracción constitucional es «lo que la mayoría de la Cámara» cree que «es en un momento dado de la historia». La decisión de iniciar esta disputa con el Congreso ahora puede tener en la ministra Cubillos una víctima inesperada.

Pero esa decisión, además, es en algún sentido irresponsable considerando el propio momento que vive el TC. Cuestionado en su imparcialidad, la nueva presidenta acaba de inicar su mandato justamente con el propósito de encontrar un camino a esa legalidad que le ha sido tan esquiva. La amenaza de iniciar esta batalla con el Congreso puede también comprometer esa agenda.

Así las cosas, el Presidente, con la obsesión de proteger excesivamente sus privilegios legislativos, puede terminar con afectar nuestros debates públicos y finalmente, con esto, la calidad de la democracia.