En días recientes, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el Informe Final de Auditoría N° 158, de 2025, sobre las funciones de control y fiscalización vehicular ejercidas por Carabineros de Chile durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024.

El informe identifica varias brechas de desempeño de Carabineros en el cumplimiento de sus funciones, dentro de las más publicitadas se encuentran(1) la no recuperación de vehículos que fueron controlados y contaban con encargo vigente (correspondiente a 626 vehículos); (2) la no detención de 144 personas que fueron controladas y que contaban con órdenes de detención pendiente por diversos delitos (incluyendo abuso sexual, tráfico y micro tráfico de drogas, porte ilegal de armas, entre otros); (3) fallas en procedimientos de control de tránsito, constatándose que en la Región Metropolitana en 145.715 procedimientos no hay constancia de consultas de las patentes en el Sistema Único de Encargo de Vehículos, y (4) el no retiro de circulación de 869 vehículos que presentaban infracciones que exigían tal reacción.

Como se puede observar, se trata de incumplimientos bastante evidentes y graves a los mandatos legales que rigen la actuación de Carabineros en el contexto de sus facultades de control y fiscalización vehicular e incluso respecto de sus deberes más generales de contribución a la seguridad pública. Por lo mismo, se ha generado una gran polémica en la prensa y ya se escucha a diversos actores del mundo político pidiendo explicaciones de diverso tipo a las autoridades policiales y al gobierno.

Estas brechas no son para nada novedosas. En una investigación publicada el año 2020 sobre el ejercicio de las facultades de control de identidad por parte de Carabineros (Duce y Lillo, 2020, p. 184) efectuado sobre una base de datos que incluyó el total de controles realizados entre abril de 2017 y marzo de 2018 (más de 3 millones 600 mil controles), detectamos que en el caso de las personas controladas en las que se había identificado una orden de detención pendiente (2,6% del total), solo en un 30% de los casos había registro que esas personas efectivamente había quedado detenidas.

Se trataba de una situación muy grave, considerando que la creación de los controles preventivos de identidad el año 2016 se justificó, entre otras razones, como una medida que ayudaría a disminuir la cantidad de órdenes de detención pendiente que se afirmaba existían en la época y, con ello, contribuir a mejorar los indicadores de seguridad y victimización. La información arrojada por dicha base de datos no nos permitía identificar la causa del incumplimiento en las detenciones. En el texto especulamos sobre potenciales problemas de registro tanto de quienes quedaban detenidos como respecto a la forma de contar o considerar la existencia de una orden pendiente (cualquiera de los dos eran un problema importante). También estimábamos que podría haber otras explicaciones aún más complejas, pero que no quisimos exponer por falta de evidencia sobre el punto.

Volvamos al informe de la CGR. Varias voces cercanas a la institución y algunos expertos han ofrecido explicaciones a las brechas detectadas. Así, se ha señalado que un problema fundamental estaría en deficiencias de funcionamiento de los sistemas informáticos de apoyo al trabajo de control vehicular que colapsarían en situaciones de mayor demanda, como las rondas masivas que se organizan periódicamente. Se trata de una explicación que me genera mayores preocupaciones aún. Si los sistemas de apoyo claves para el cumplimiento de las funciones no están en condiciones de operar, valdría la pena preguntarse si es posible planificar seriamente ese tipo de intervenciones. Por otra parte, se trata de una cuestión conocida y predecible que a esta altura debiera haber generado acciones concretas de mejora.

Explicaciones adicionales han tenido que ver con la existencia de incentivos perversos que fomentan conductas negligentes o derechamente la desidia de los funcionarios, por las implicancias que tiene para el trabajo policial abordar intervenciones más profundas en casos de fiscalizaciones vehiculares como las identificadas en las brechas descritas en el informe. Otros han sugerido que detrás de estos casos podría también identificarse algunos signos de corrupción específicos. A nivel más macro, probablemente estas hipótesis podrían catalogarse como problemas relevantes de control interno en la institución.

Es probable que también existan otras explicaciones adicionales que no creo pueda abordar en esta columna. Quiero aclarar que es esperable que en una institución que maneja una gran cantidad de procedimientos, como son los controles de tránsito que realiza Carabineros (más de 5 millones 600 mil el año 2024), se produzcan algunos errores y brechas de desempeño. No quiero minimizar las identificadas por la CGR, pero me parece que la existencia de ellas en un cierto margen es esperable y posible. Por tanto, creo que nuestra atención no debiera estar puesta en la dimensión de escándalo más anecdótico que se percibe y al que ya se le pone énfasis en el debate político surgido. Creo que lo relevante es mirar algunas cuestiones estructurales, que son un poco más de fondo, y los principales problemas a encarar. En ese contexto, me parece que las dos principales lecciones que es posible obtener por ahora son: (1) el hecho de que las brechas hayan sido identificadas por la CGR y no por la propia institución nos habla de problemas de control al interior de Carabineros que deben ser revisados con mucha profundidad y seriedad, y (2) que el origen de muchas de esas brechas pueda estar en cuestiones predecibles (ya sean de tipo tecnológicas, de planificación estratégica o de controles internos) sugiere que existe una inercia institucional en su corrección que no resulta muy aceptable. 

Esperemos que el informe de la CGR constituya una buena oportunidad para tomarnos en serio estas lecciones y permita introducir mejoras en el trabajo policial respecto de los controles de tránsito y en otras áreas no cubiertas por el mismo en donde podría haber brechas similares (vgr. como el caso de los controles de identidad que mencioné). Ojalá no ocurra que esta oportunidad de mejora se transforme nuevamente en una discusión de tipo más ideológico, de si se está o no a favor de Carabineros, como ha solido ocurrir frecuentemente en los últimos años en el debate político y que inmoviliza los cambios. Dejemos de lado la ideología y comprendamos de una vez que una sana política pública policial requiere de una mirada crítica y autocrítica al trabajo de las instituciones policiales, que permita sostener procesos de profesionalización y mejora continua.