El general director de Carabineros ha afirmado, en una sesión oficial ante la Cámara de Diputados, que le ‘encantaría no tener el rol de apolítico, de obediente’, porque le ‘gustaría decir muchas cosas más’. En particular, defendió el accionar de Carabineros y sostuvo que tratan ‘de combatir o controlar la violencia’, pero que ellos ven ‘que algunas autoridades la propician, la validan y reciben a ciertas personas en ciertos lugares importantes de la República’. Las palabras del general director no tienen lugar en una democracia, donde las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad son obedientes y no deliberantes.
La Constitución establece una prohibición de emitir apreciaciones políticas o de mérito, por parte de Carabineros. La prohibición de deliberación garantiza que quienes ejercen la fuerza, a nombre del Estado, se encuentren subordinados a las autoridades políticamente electas y que gozan de legitimidad democrática. Cuando las comisiones de la Cámara se encuentran fiscalizando el accionar de una de las ramas de la policía, al general director no le cabe ningún rol distinto a dar cuenta de las acciones de su institución, conforme al Estado de Derecho, y en caso alguno expresar opiniones o valoraciones políticas de esta índole.
El general Rozas ha emitido un juicio de valor al comentar lo que autoridades de un poder del Estado hacen o han hecho y aquello es, precisamente, deliberar. Si Carabineros es efectivamente obediente, corresponderá a la autoridad civil —a la que están subordinados— fijar los lineamientos del servicio que el general director deberá cumplir.