Por Rodrigo Guerrero y Matías Piña, investigadores de Espacio Público
Hace pocas semanas terminó en Egipto la COP27 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y son varias las reflexiones que aún podemos destacar. En especial, dado el rol de liderazgo que desempeñó nuestro país al coordinar junto a Alemania la mesa de Pérdidas y daños. Pero, ¿qué son las pérdidas y daños y por qué es importante esta discusión?
Este ítem de las negociaciones climáticas aborda los efectos adversos del cambio climático que experimentan los países, incluidos los fenómenos extremos y los de evolución lenta. Cabe señalar que estos tienen especiales impactos en los países considerados “en desarrollo”, repercutiendo sobre su población y ecosistemas. Y es que paradójicamente, los países menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero son los mayores perjudicados por el calentamiento global.
Dado lo anterior, se trata de una discusión relevante para Chile puesto que el territorio nacional presenta siete de los nueve criterios de vulnerabilidad identificados ante el cambio climático, como la presencia de zonas propensas a los desastres socionaturales, expuestas a la sequía y la desertificación y ciudades con problemas de contaminación atmosférica. El escenario es preocupante si consideramos que el 84% de las comunas del territorio continental presentan al menos un riesgo climático alto. Esto se traducirá en problemas de abastecimiento de agua para el consumo humano, dificultades múltiples para la producción silvoagropecuaria, olas de calor en las ciudades, entre otros. Por ello, es fundamental que el país avance en materia de resiliencia ante un escenario que, de no cambiar su rumbo, producirá múltiples crisis.
A su vez, es necesario resaltar el efecto diferenciado que tiene el cambio climático sobre las poblaciones de país; la UNFCC ha reconocido que las mujeres, en particular, experimentan los efectos adversos del cambio climático de manera más aguda debido a la discriminación sistématica que viven en nuestra sociedad. Así, enfrentar las crecientes pérdidas y daños del cambio climático impone al país la necesidad de fomentar la creación de más y mejores empleos, que consideren condiciones dignas para los trabajadores, especialmente respecto de los sectores más vulnerables de la población y en sectores claves para la transición socioecológica justa, noción que el gobierno ha decidido impulsar -certeramente, a nuestro parecer- para responder ante esta crisis.
Al alero de los insuficientes resultados generales de la COP27 es importante acentuar la vulnerabilidad que presentan nuestros territorios y poblaciones ante escenarios cada día más desafiantes; esto debe poner la urgencia en el desarrollo de políticas públicas que promuevan la resiliencia y respondan al principio de no dejar a nadie de nuestro país atrás, sin importar el lugar donde resida.