Como en todo el mundo, el Covid-19 obligó a los países de latinoamérica a tomar medidas de aislamiento social y cuarentenas, con el objetivo de controlar la movilidad de las personas y así prevenir la propagación del virus. Tal es el caso de Chile y Argentina y, aunque las normativas variaron en cada país, estos dos gobiernos se inclinaron por la utilización del derecho penal para hacer cumplir las reglas. 

En ese contexto, Espacio Público y CIPPEC realizaron una investigación en ambos países, con el fin de distinguir la afectación de los derechos a la libertad y circulación, y las diferencias entre diversos grupos socioeconómicos, en especial los sectores más vulnerables. Los resultados del estudio fueron presentados en el webinar “Derecho penal en pandemia: criminalización en cuarentenas en Chile y Argentina”, que se realizó el miércoles  15 de septiembre con el apoyo de Southern Voice. 

El evento inició con las palabras de Valeria Lübbert, directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, quien reflexionó sobre los cambios que ha generado la pandemia en latinoamérica y cómo “ha dejado al descubierto debilidades institucionales previas, que se han agudizado durante la emergencia sanitaria”. 

A continuación, Estefanía Charvet, jefa de programas de Southern Voice, destacó el trabajo realizado por los think tanks, señalando que “es clave que se realicen estudios sobre este tema en nuestra región, porque el uso que se le da a la ley penal en emergencias de salud sienta un precedente sobre cómo esta se puede aplicar en medio de una crisis”.

La instancia siguió con la presentación del informe, a cargo de Valentina Zagmutt, investigadora de Espacio Público, y Martín Bohmer, investigador de CIPPEC. En el caso de Chile, el principal hallazgo guarda relación con la diferencia de procesos penales concluidos dependiendo del sector analizado. “En la zona oriente, representativa de sectores socioeconómicos más altos, se habían cerrado a agosto el 49,84% de las causas, mientras que en la zona sur, con menores ingresos, solamente el 24,07% había concluido”, explicó Zagmutt.

Luego, se presentaron los resultados del estudio en Argentina, donde, según explicó Bohmer, no se aprecia “ninguna correlación entre la mayor cantidad de procedimientos y las áreas de mayor riqueza o mayor pobreza”. Sin embargo, enfatizó en que la investigación sí plantea que las autoridades penales tomaron la decisión de “disminuir la represión penal de estás infracciones a medida que la gente empezaba a salir de sus casas o incumplir las medidas de prevención”. 

Una vez finalizada la presentación, se dio paso a un panel de conversación integrado por Mauricio Duce, director de Espacio Público, y Alberto Nanzer, Secretario General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La instancia fue moderada por Leslie Ayala, periodista y coordinadora de policía y tribunales del diario La Tercera. 

Para Nanzer, la pandemia permitió reconsiderar la necesidad de desarrollar políticas públicas tendientes a lograr un nivel considerable de cumplimiento de leyes. En ese sentido, destacó la importancia de debatir “cuál es el rol que la aplicación coercitiva de las leyes en general, y el derecho penal en particular, pueden aportar en esas políticas de cumplimiento”. También abordó la debilidad que tienen las instituciones en América Latina, ya sea porque “las reglas que las plasman no se aplican de manera uniforme y consistente o bien porque cambian permanentemente”.

Sobre la situación en Chile, Duce explicó que una de las principales diferencias con Argentina es que “aquí la autoridad política, el Ejecutivo y el Congreso, apostaron todo al derecho penal. Se reforzaron normativamente los poderes de persecución penal, con un discurso público que puso mucho énfasis a que los problemas de la pandemia estaban asociados a los infractores”. 

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