El proyecto que faculta a la policía para aplicar el control preventivo de identidad a adolescentes y otras medidas intrusivas está lejos de hacer lo que promete el Ejecutivo: «más seguridad a las personas» e «intervenir a los jóvenes que estén prontos a cometer un delito». La evidencia empírica demuestra que las facultades investigativas con las que ya cuenta la policía son más eficaces que medidas universales como las dispuestas en el proyecto. Este, además, se basa en datos llamativos pero falaces. Según las cifras del Ministerio Público, la criminalidad adolescente ha disminuido en 30% en los últimos 10 años, y en sólo el 2,5% de los delitos ingresados a Fiscalía en 2018 había menores de 18 años involucrados.

La criminalidad adolescente está sumamente focalizada. Sabemos quiénes cometen delito y dónde están. Sabemos también cuáles son los factores de riesgo que los llevan a delinquir y allí el Estado ya puede intervenir. Nada de ello dice relación con el control preventivo, medida universal respecto de la cual el proyecto no entrega ningún estándar para su aplicación más que la sola discrecionalidad del funcionario policial.

La ausencia de evidencia que acredite los supuestos que sostienen este proyecto es especialmente grave, tratándose de una medida que restringe derechos y criminaliza la adolescencia, exponiendo a los jóvenes a un contacto absolutamente innecesario con la policía. Establece, además, medidas altamente intrusivas, no solo con el control preventivo de identidad, sino también al facultar la revisión de efectos personales sin indicios de que se cometerá ni que se cometió un delito, a completo arbitrio y discreción de la policía, dejando a las personas en completa indefesión.

Es de esperar que en el Congreso Nacional prime la consideración de la evidencia, los derechos de niños/as y adolescentes, y también el derecho de todas las personas a la libertad individual, que no puede conculcarse a pretexto de una falaz promesa de seguridad.