Recientemente ocho centros de estudios de América Latina publicamos informes en un intento de contribuir a difundir información sobre cómo la corrupción afecta nuestros países, para así entender cuáles son sus manifestaciones directas, qué reformas se han realizado en la materia en los últimos años y cuáles son aquéllas que aún quedan pendientes.

Si bien cada país tiene sus propias particularidades, también podemos ver que compartimos muchos temas en común, como que la región sigue siendo uno de los peores alumnos en términos de corrupción. Por ejemplo, en todos los países tenemos casos vinculados a gobiernos locales, como el caso Basuras que se investiga en Chile y que ha golpeado a una serie de municipios. En otros temas, en Chile nos hemos librado de escándalos que sí azotan a varios países de la región, como el famoso caso Odebrecht y escándalos de cohecho en el sistema judicial, donde la mitad de los países que integran la Red Anticorrupción Latinoamericana han tenido casos relevantes, destacando Perú que ha llevado a una serie de altas autoridades a renunciar a sus cargos por estas investigaciones.

A pesar de que nuestro país está bastante mejor evaluado que sus pares en cuanto a la percepción de la corrupción -por connotados rankings internacionales como el del Banco Mundial y el de Transparencia Internacional-, aún quedan varias áreas en las que avanzar: municipios —lo que se puede extender a los futuros gobiernos regionales cuyas autoridades desde el 2020 serán electas por voto popular-; nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad —para evitar futuros casos como «Paco-gate», «Milico-gate» y el fraude en el uso de pasajes y viáticos en las Fuerzas Armadas, entre otros-, y modernizar nuestros sistema de Compras Públicas, que si bien fue un avance en el año 2003, hay muchos perfeccionamientos pendientes para hacer este sistema más eficaz y menos voluble a la corrupción.