La semana pasada parece haberse puesto punto final al caso Penta, a menos que prospere la queja del Consejo de Defensa del Estado. A través de un acuerdo entre el Ministerio Público y los acusados, Délano, Lavín y el ex subsecretario Wagner, fueron sancionados por delitos tributarios y, este último, por enriquecimiento ilícito al haber recibido una remuneración de Penta ejerciendo su cargo, de dedicación exclusiva.

Mucho se ha hablado de este acuerdo, principalmente por la renuncia a perseguir el delito de cohecho por parte de la Fiscalía. En una extensa entrevista, el Fiscal Guerra señala que le era imposible probar que los pagos realizados por los empresarios al entonces subsecretario efectivamente era para favorecerlos.

Precisamente para evitar estas situaciones con Ciudadano Inteligente realizamos una propuesta sobre el proyecto de ley que está discutiendo el Congreso para sancionar la corrupción. En la actualidad, para probar el cohecho no solo se requiere demostrar que un funcionario o autoridad recibió el pago de un privado sin que haya una razón justificada, sino que además se debe hacer algo a su favor, por ejemplo, pagarle a un Carabinero para que no curse un parte.

Sin embargo, en muchos países se da por hecho que si un funcionario o autoridad recibe un pago injustificado por parte de un privado, se trata de una conducta corrupta, dado que se entiende que ese pago fue para favorecer al privado, aunque aún no se haya llevado a cabo. De este modo, lo que se sanciona es el soborno que se realiza a una persona por su autoridad. El caso Penta viene a demostrarnos lo que hemos señalado en diversas ocasiones: nuestro sistema penal sanciona de manera tan débil los delitos de corrupción que finalmente quedan impunes.