Señor Director:
Un tema de fondo con los recientes cortes de luz tiene que ver con la falta de adaptación al cambio climático del sistema de distribución eléctrica. Si bien el evento climático que vimos la semana pasada podría estar fuera de todo pronóstico, lo cierto es que hoy al menor atisbo de lluvia el sistema colapsa, lo que deja de manifiesto su precariedad.
Aun cuando en 2017 la Comisión Nacional de Energía (CNE) hizo una gran reforma a la distribución para mejorar la calidad del servicio, en el último proceso de fijación tarifaria se decidió no aplicarla. La autoridad optó porque las distribuidoras no invirtieran en resiliencia climática y se prefirió incluir en las tarifas la compensación a los clientes por falta de servicio pues era más barato.
Ante la inestabilidad del sistema, varias personas y comercios están adquiriendo electrogeneradores a combustibles fósiles (quién los puede culpar). Ello es una pésima respuesta desde diversas aristas: no solo es una mala adaptación climática, pues los combustibles fósiles son causa del cambio climático, sino que la ciudadanía paga el costo de la falta de resiliencia por la falta de acciones de las distribuidoras, además de ya pagar en la tarifa eléctrica su compensación por falta de servicio. Y ello sin contar las enormes pérdidas económicas del país por todas las actividades paralizadas producto del masivo corte.
Dado que seguiremos experimentando crecientemente eventos climáticos y las personas dependen cada vez más de la electricidad, este gran problema está para quedarse. Las recientes alzas en la cuenta de la luz que hemos visto este último par de meses hacen políticamente impensable nuevas alzas para pagar la necesaria mayor resiliencia del sistema. Se hace necesario, entonces, idear como país formas de avanzar rápidamente hacia un sistema de distribución resiliente, moderno y sostenible, donde respuestas tales como podas adecuadas, limpieza de cables antiguos, medidores inteligentes y soterramiento en zonas específicas tienen un rol. En ello no solo son responsables la autoridad y las distribuidoras, sino también los municipios.