Hace una semana ingresó a la Comisión de Salud del Senado el proyecto de ley corta de isapres. El Ejecutivo busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema ajustando la normativa, estableciendo plazos y procedimientos para la devolución de cobros en exceso y creando una modalidad de cobertura complementaria en Fonasa (MCC). Por otro lado, esta semana se aprobó en general, en la Comisión de Constitución del Senado, una reforma para regular la determinación de las tarifas de los planes de salud y sus ajustes de precios.
Nos concentramos en la urgencia, pero no debemos olvidar que los problemas del sistema de isapre son crónicos y estructurales. La exclusión por riesgo, multiplicidad de planes, cautividad por preexistencias, falta de incentivos a contener costos y la judicialización, se arrastran por años. Mientras han existido utilidades, los incentivos a reformar han sido escasos. Por otro lado, la falta de acuerdos por diferencias ideológicas se ha traducido en inacción legislativa. Los fallos de la Corte Suprema en 2022 sólo han terminado de conformar un “zapato chino”. Una crisis con impactos sistémicos que arriesga la desprotección de millones de personas, con vías de solución que hasta ahora no parecen evitarla.
La reforma constitucional anularía elementos sustantivos del fallo de la Corte Suprema, manteniendo —ahora en el precio base— las discriminaciones que la Corte estimó arbitrarias y que derivaron en los diversos fallos desde 2010. Es decir, no resuelve la judicialización ni la crisis de fondo.
Por otra parte, la ley corta, aunque tiene elementos positivos, también tiene problemas importantes. La interpretación que adelanta sobre el efecto retroactivo, sin contemplar el marco de subsidios cruzados del seguro (considerando solo disminuciones de precio), implica una devolución de tres veces el patrimonio del sistema y riesgos de insolvencia. Si esto ocurre, no habrá devoluciones ni bajas en precios. A su vez, el foco en la MCC introduce segmentación por ingresos y desvía la atención de los problemas del seguro público. La contención de costos (GRD, licencias y gastos administrativos), mayor regulación y un panel de expertos independiente para regular las primas debieran ser parte de la solución.
Más que iniciativas paralelas, se necesita sumar esfuerzos para dar cumplimiento al fallo con mirada sistémica, evitando el colapso del sistema y altos costos sociales. Corregir y perfeccionar el proyecto ingresado por el Ejecutivo es el camino para la urgencia. Pero, superada esta crisis, es apremiante instalar el trabajo para una reforma de salud de mediano y largo plazo que permita resolver los problemas crónicos y avanzar, con una transición acordada, a un sistema de seguros de salud eficiente y solidario.