El fin de semana apareció una noticia donde se anuncia que tanto el Ejército como la FACh habrían habilitado sitios para hacer denuncias de posibles irregularidades o casos de corrupción dentro de sus instituciones. Esto se viene a sumar a una serie de medidas que tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Defensa están adoptando para prevenir la corrupción en sus filas, como la nueva ley de financiamiento de las capacidades estratégicas, la creación de un Comité de Auditoría Externa y la reformulación de los gastos reservados. Sin duda que no cabe sino felicitar que luego de los bullados casos que involucran a las Fuerzas Armadas, haya reacciones que no se queden solo en perseguir y sancionar a los culpables, algo que, por cierto, es necesario. Sin embargo, estas medidas pueden quedarse en eso si no van asociadas a una real política de protección a los denunciantes.

Luego que se develara la «Operación Topógrafo», donde se habría espiado a militares denunciantes de corrupción, cuesta creer que alguien en funciones sienta la confianza para denunciar a través de estos portales, más aún si se les exige identificación a través de su nombre y RUT. Por otra parte, la legislación en la materia es bastante débil y, solo recientemente nuestra Corte Suprema ha señalado que aplica también a las Fuerzas Armadas. Para que realmente estas herramientas sean útiles, debiéramos avanzar en dos sentidos: portales que permitan las denuncias anónimas con la entrega de antecedentes suficientes y una legislación e institucionalidad que contemple protección de informantes que aplique a todo tipo de funcionarios o servidores públicos (independiente del modo de contratación) y también al sector privado. Además, la protección no sólo debe incluir al denunciante, sino que también a su círculo cercano que pudiese verse afectados por posibles represalias. Lo anterior puede ir de la mano de establecer sanciones a denuncias infundadas, de mala fe, o temerarias, pero esto necesariamente debe equilibrarse con el interés de no disuadir a las personas de efectuar denuncias.