Se ha instalado la idea que la oposición de la sociedad civil a grandes proyectos de inversión junto a la arista política de la evaluación ambiental han causado incertidumbre en la aprobación de proyectos, afectando así el crecimiento económico del país. En este escenario, el gobierno ha anunciado una serie de medidas para destrabar la inversión, entre las que destacan una nueva reforma al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y la creación de una Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables. Reformas que buscan agilizar el proceso y evitar posteriores conflictos y judicializaciones.

Sin embargo, un reciente estudio del área de sustentabilidad de Espacio Púbico revela que los conflictos socioambientales no surgen sólo en torno a proyectos en evaluación, sino que en muchos casos se vinculan a aquellos que ya están operativos. Lo anterior se ve reflejado en la cantidad de denuncias ciudadanas presentadas ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), entidad llamada a fiscalizar las infracciones a la normativa en la materia.

La investigación identifica que la mayoría de las denuncias ciudadanas ante la SMA se asocian a problemas cotidianos, como ruidos (46,2%), malos olores y contaminación, los que pueden provenir de distintas fuentes y no de un proyecto específico. De hecho, sólo un 12% de las denuncias son en contra de grandes proyectos mineros o de energía en particular. Las denuncias reflejan problemáticas recurrentes y masivas, que afectan la calidad de vida de las personas, pero respecto de las cuales la SMA se encuentra al debe en la entrega de respuestas oportunas. Muchas de las denuncias son archivadas, existe una demora excesiva en su procesamiento (algunos demoran más de un año), y en muchos casos los efectos molestos no se deben a la infracción de una norma (porque no aplica o no existe tal normativa), por lo que la SMA no puede sancionar.

Como contrapartida, las personas se han convertido en “informantes claves” para monitorear el cumplimiento y detectar posibles infracciones ambientales, siendo un aporte esencial a la labor que realiza la SMA. Así, el análisis de las denuncias permite identificar otros focos de conflicto que se deben tener en cuenta para mejorar la institucionalidad ambiental y evitar procedimientos jurisdiccionales.

En este contexto, es positivo que el superintendente de Medio Ambiente haya aprovechado las reformas impulsadas por el Ejecutivo en materia de evaluación ambiental para incluir también mejoras al funcionamiento de la SMA. Muchas de estas medidas coinciden con las propuestas de Espacio Público, como la necesidad de contar con procedimientos abreviados. Invitamos a las autoridades a incorporar a la agenda de reformas más de nuestras recomendaciones, como la recepción y gestión de denuncias en línea; contar con una unidad de fiscalización especializada para denuncias urgentes, recurrentes y masivas; reforzar la fiscalización ciudadana y monitoreo participativo; y promover instancias alternativas de resolución de controversias.

Muchos de los conflictos ambientales se deben a falta de canales de participación adecuados que permitan a las personas plantear sus inquietudes y a las instituciones canalizarlas y resolverlas. Si bien vemos como un avance que se incorporen medidas para impulsar el crecimiento de la economía, la certeza para la inversión debe ir acompañada del fortalecimiento de la participación ciudadana y la protección ambiental, en línea con los estándares del desarrollo sustentable.