La gran pregunta que se hacen en estos días en el oficialismo es si ir en una lista conjunta o en dos separadas para la elección al nuevo órgano constituyente. Esta decisión se va a tomar con una serie de supuestos nuevos y difíciles de comprobar. Lo más probable es que tendrá costos que hoy no es posible determinar.
La primera pregunta es sobre las convergencias políticas entre todos los potenciales partidos y agrupaciones que componen el oficialismo. Al llamado del PS por una lista única, hay quienes buscan evitar una estrategia electoral con los sectores más duros de la izquierda. Tienen dudas sobre si las posturas que defenderán candidaturas del FA o el PC tienen que ver con las que propondrán ellos. Hay quienes temen que en la izquierda hayan “malos perdedores” que busquen una revancha.
La realidad es, que al menos hasta ahora, pareciera que esos miedos no tienen tantos fundamentos. Por una parte, tal como mencionó recientemente Fernando Atria, los acuerdos entre quienes estudian temas constitucionales dentro de la izquierda y la centroizquierda son bastante más amplios de los que se cree. En un proceso más controlado por los partidos, es menos probable que se escapen algunas ideas que no comulguen con el ánimo actual. Incluso, hay acuerdos que van mucho más allá del oficialismo. Diversos académicos y constitucionalistas de todos los sectores, convencidos de la crisis del presidencialismo, han promovido el cambio a un sistema parlamentario.
Por otro lado, hay quienes dudan que la estrategia de la lista única tenga buen pronóstico electoral. Hay un temor, no irracional, de que los votantes más moderados no quieran votar por una lista que incorpora al PC y a los sectores más extremos del FA. Además, la amenaza que plantean listas como las del PDG, los instan a actuar de forma estratégica. Otros opinan que el camino es el opuesto, que una estrategia de dos listas está destinada al fracaso en un sistema electoral como el que se va a ocupar. La dificultad de ese análisis es que no se hace cargo de la novedad que implica esta elección. En estricto rigor, es la primera vez que elegiremos representantes en un sistema de inscripción automática y voto obligatorio. También, a la luz de lo ocurrido en la elección de convencionales, es difícil anticipar si va a haber un voto de rechazo al gobierno, a la clase política, o a ambos. Así, la lista en la que vayan los partidos del FA podría ser un pasivo electoral, o al menos así lo piensan algunos como el expresidente Lagos.
Más allá de las legítimas disputas políticas, la decisión electoral va a tener que realizarse a ciegas. Tal como comprobamos en el plebiscito, los modelos de predicción de opinión pública aún no incorporan la complejidad del voto obligatorio, y las comparaciones con elecciones anteriores tienen supuestos difíciles de tragar. Pareciera ser que la mejor estrategia es la que permita que el gobierno siga funcionando después de la elección, independiente del resultado.