A partir de los escándalos conocidos entre 2014 y 2015, como Corpesca, Penta, SQM y Caval, se instaló la corrupción como una de las principales preocupaciones para los chilenos y chilenas. Esto, junto con una débil institucionalidad, desencadenó la urgencia para diseñar e implementar de una serie de medidas que devinieron en una agenda para la transparencia y probidad.

Con el objetivo de mostrar en detalle la experiencia reciente chilena y entender las razones de un éxito relativo –en comparación a otros países de Latinoamérica- que llevó a la aprobación de más de una docena de proyectos de ley, es que Espacio Público y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer lanzaron ayer 6 de agosto el libro Reformas Anticorrupción en Chile (2015-2017): Cómo se hizo para mejorar la democracia.

La publicación fue presentada por uno de sus autores y director de Espacio Público, Eduardo Engel. En la instancia, a la que asistieron más de 70 personas, el también profesor titular de la Universidad de Chile explicó que en el proceso de implementación de la reforma “Fue clave que la Comisión asesora presidencial tuviera consejeros autónomos, independencia económica, un enfoque holístico, propuestas concretas (236) y unánimes (92%), e hiciera audiencias públicas y estrategia política-comunicacional».

Además, Engel explicó que en el libro «Argumentamos que la sinergia entre una comisión asesora y un observatorio ciudadano fue fundamental para la implementación de reforma anticorrupción. Teníamos el diagnóstico de que las leyes ingresaban al Congreso y no avanzaban, y que era necesario una mayor relación con la ciudadanía. Así nació el Observatorio Anticorrupción que elaboramos junto a Ciudadano Inteligente”.

Al respecto, durante el panel que se desarrolló posterior a la presentación, la subdirectora de Ciudadanía Inteligente (ex Ciudadano Inteligente) explicó que la desconfianza ciudadana «es uno de los grandes desafíos que teníamos y que seguíamos teniendo, y eso es en gran parte lo que motiva nuestra labores como organización de la sociedad civil”.

Los aportes de la Comisión Asesora y el Observatorio Anticorrupción

En relación a los aportes en cuanto a la metodología y resultados de la Comisión Asesora Presidencial y el Observatorio Anticorrupción, el abogado y doctor en Filosofía y académico de la Universidad de Chile, Sergio Micco –quien también participó como panelista-, indicó que al menos tres aristas fueron relevantes para el contexto político y social.

“Se atacaron temas principales para combatir la corrupción desde la regulación, la transparencia, y la participación” explicó Micco. Respecto a este último punto, precisó que “la participación en la elaboración de leyes y normas post dictadura es un elemento fundamental a recoger, ya que distintos sectores, como el académico, se puso a disposición de la elaboración de políticas públicas y de un colectivo”.

Propuestas de la comisión asesora que aún faltan por implementar

Entre las propuestas de la comisión asesora que aún están pendientes (y que están detalladas y desarrolladas en el libro), se encuentran probidad en el Congreso, protección al denunciante, control sobre Fuerzas Armadas y de Orden, y probidad en los municipios.

En relación a ellas, la periodista y moderadora del panel, Leslie Ayala, indagó sobre cuáles de estas era más urgente responder. “Uno de los desafíos es actuar de manera proactiva y no solo reaccionar ante los casos” precisó el secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Guerrero, y agregó que de cara a las elecciones del próximo año “es relevante impulsar la probidad en municipios, que es un área donde el gobierno tiene disposición a avanzar». Además, Guerrero instó a que se avance en la “correlación de la probidad exigida a los gobiernos regionales y los locales”. También explicó que como gobierno se está avanzando en un proyecto de ley, cuya fase de anteproyecto culminó, que incorpora la herramienta de protección de denunciantes y delación compensada en las denuncias de casos de corrupción.