Muchos han manifestado su rechazo a la práctica del que ‘baila pasa’, ya que constituiría una limitación arbitraria a la libertad ambulatoria. Estoy de acuerdo. Lamentablemente, no se ha producido este mismo rechazo con una medida equivalente y que es llevada adelante por el Estado en forma masiva, como lo son los controles de identidad preventivos. Éstos permiten a las policías interrumpir el libre tránsito de cualquier persona mayor de 18 años de edad, sin ninguna justificación y hasta por una hora, por el solo hecho de movilizarse en una vía pública, otros lugares públicos o lugares privados de acceso público. En vez de bailar, la autoridad pide exhibir un documento de identificación. Solo el año pasado, Carabineros realizó más de 4,4 millones de estos controles, representando una amplitud inédita en el ámbito comparado.
Todo ello en un contexto en que la evidencia muestra que se trata de una estrategia de nulo o marginal impacto en la prevención y reducción del delito, pero que además genera graves riesgos de discriminación, abuso y afectación de derechos ciudadanos, y un deterioro de la relación entre policía y comunidad.
El reciente informe de Human Rights Watch ha recomendado revisar el uso de estas facultades y mejorar su rendición de cuentas. En mi opinión, debiéramos partir por suspender la tramitación del proyecto de ley que pretende ampliar estos controles y entregar facultades de registro nuevas a las policías. Además, debiéramos avanzar en una racionalización significativa de las actuales prácticas, disminuyendo el uso de controles preventivos, mejorando la forma cómo se realizan y produciendo información de calidad para evaluar su uso. Ojalá estemos a la altura del desafío.