El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional en materia de democracia ambiental, impulsado desde América Latina para la propia región, cuyos pilares son cuatro: acceso a la información, a la participación y a la justicia, y la protección a defensores ambientales. Su implementación formal en nuestro país comenzó hace cerca de un año, empujada por el Ministerio de Medio Ambiente, nutriéndose del debate sobre cómo profundizar el rol del público y la necesidad de superar las tensiones socioambientales a lo largo del país.

Si bien existe un clima de impaciencia por conocer los resultados de estos procesos, cabe remarcar el riesgo de depositar tanto las expectativas ciudadanas como la acción del Estado en el quehacer de un solo ministerio. Los cuatro pilares del tratado deberían, al menos, estar considerados a la hora de impulsar la denominada ‘Evaluación Ambiental 2.0’, como también procesos en curso al día de hoy, tan significativos como los diálogos participativos impulsados en el marco de la Estrategia Nacional del Litio y el Plan de Acción de Hidrógeno Verde.

Escazú nos invita a democratizar la información, participación y, sobretodo, planificación de las iniciativas que involucran al medio ambiente. De este modo, su implementación no debe reducirse a la multiplicación (extenuante y excluyente) de instancias participativas como si se tratara de una lista de supermercado, sino que debe llevarnos a integrar las instancias en desarrollo, sistematizar sus resultados para lograr efectos concretos y luego aprovechar la información producida para repensar los territorios de manera integral.

Del mismo modo, este tratado debería llevar a preguntarnos sobre los tiempos necesarios para la información y participación, cuidando que estos procesos se den de manera anticipada y en circunstancias habilitantes para integrar a las personas, considerando sus circunstancias reales. El Acuerdo de Escazú nos invita a reflexionar y planificar en torno a estos desafíos, equilibrando la mesa para que la ciudadanía pueda plantear sus diversas visiones e incidir sobre la formulación de las políticas públicas ambientales, no sólo los proyectos de inversión, aportando a las definiciones de fondo y no sólo sobre sus márgenes.

La participación efectiva no es una tarea simple, tiende al desborde. La comunicación no se da de un día para otro, más aún cuando ha sido postergada. Hoy parece que asistimos a una proliferación de procesos de participación que responden a otras urgencias, económicas y políticas, dejando de lado las necesidades concretas que requiere el diálogo real. Escazú nos recuerda que no puede haber participación sin información, deliberación e incidencia y esa es una definición transversal para la elaboración de políticas de Estado.