La semana pasada se publicaron los resultados de una nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional y que este año evaluó a 180 países basado en una combinación de encuestas y evaluaciones de la corrupción. Las noticias para la región siguen siendo malas con un puntaje promedio de 43 (en una escala de 1 a 100, siendo este último número lo menos corrupto). Chile obtuvo el mismo puntaje por tercer año consecutivo (67), siendo segundo en la región y 26 en el mundo, subiendo así una posición. Sin embargo, la mejora de posición de nuestro país tanto a nivel mundial como regional no se debió a que hicimos las cosas mejor, sino que hubo un país que las hizo peor y bajó en el ranking (Barbados). Si bien no siempre la desconfianza ciudadana en las instituciones se debe a casos de corrupción, existe una relación muy cercana y, por eso, no es una sorpresa que nuestro país haya descendido desde el año 2015. Desde el 2017 detuvimos la baja y nos «estabilizamos» lo que puede deberse, entre otras razones, a los avances en reformas de los años 2015-2017 a raíz de las propuestas de la Comisión Engel. Con posterioridad, a pesar de que el programa del Presidente Piñera recogía varios de los temas pendientes en la materia (y también en su agenda de integridad lanzada en septiembre del 2019), se ha bajado bastante la intensidad de reformas. Veremos el próximo año qué impacto tendrá en la evaluación de Chile el estallido social, donde se ha puesto de manifiesto no solo la desigualdad económica, sino también social y de trato. En este sentido, desde la sociedad civil (en conjunto con Chile Transparente y el Observatorio de Gasto Fiscal) realizamos ocho propuestas al gobierno y Congreso en la materia, algunas de las cuales fueron recogidas por el Presidente y anunciadas en cadena nacional a inicios de diciembre, sin embargo aún no hay avances importantes. Nuestro gran desafío es buscar el equilibrio entre sancionar realmente a responsables de delitos de corrupción y económicos y, a la vez, realizar las reformas institucionales para prevenir la corrupción y de esta manera superar el estancamiento en el que nos encontramos.