Hace ya algunos años, los conflictos socioambientales se han vuelto un tema recurrente en la agenda pública. Esto, debido a una institucionalidad insuficiente para hacerse cargo de la complejidad asociada a los proyectos de inversión, lo que no da garantías de que la participación se ajustará a estándares internacionales de transparencia e inclusión.

Lo anterior, da origen a diversas disputas y paralización de proyectos, evidenciado en las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, mostrando que solo entre 2010 y 2012 se registraron 97 casos de conflicto socioambiental en Chile. «Hay una gran asimetría entre comunidades y empresas. Falta más apoyo legal para poder empoderar realmente a la ciudadanía”, afirma Valentina Durán, abogada y profesora de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Directora de Espacio Público.

En este contexto, Espacio Público presentó esta mañana su nuevo informe de políticas públicas sobre participación ciudadana en proyectos medioambientales. El documento, titulado “Del conflicto al diálogo: Cómo avanzar hacia un sistema de decisiones ambientales participativas en Chile”, presenta una serie de propuestas para fortalecer la actual legislación ambiental, mejorando los procesos de participación ciudadana y disminuyendo los conflictos que se presentan en la tramitación de los proyectos de inversión.

«Nuestra propuesta parte del marco institucional vigente, con mejoras para lograr una igualdad de participación entre todos los actores”, afirmó en la presentación Claudia Sepúlveda, coautora de informe y miembro de la Red de Espacio Público. “El actual contexto normativo no promueve eficiencia ni diálogo, generando una desconfianza hacia los procesos que marcan la aprobación de los proyectos. Por esto, es necesario hacer cambios para lograr procesos más justos, dialogantes y vinculantes”, asegura.

El informe presentado por Espacio Público propone un Estado que promueva un verdadero desarrollo sustentable en los territorios, a través de la creación de una Oficina de Diálogo y Participación, la cual facilite acuerdos entre empresas y comunidades y apoye la participación de todos los actores involucrados. Además, se plantea la dotación de mayores recursos para una protección integral de las comunidades, a través de la definición de un organismo defensor y asesor legal para apoyarlas.

Durante el encuentro, Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minerals, afirmó que en Chile «(en los proyectos de inversión) nos encontramos con comunidades que no están preparadas para participar y un Estado que no es capaz de reaccionar, por lo que es valorable que se consolide institucionalmente el resguardo a la participación».

Por su parte, Juan Ladrón de Guevara, director Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción Limpia, aseguró que “no basta solo con aumentar la participación, también resulta fundamental fortalecer las comunidades locales, para no centralizar la prevención y resolución de los conflictos”.

El informe completo estará disponible en la página web de Espacio Público para ser consultado por toda la comunidad.