La semana pasada se informó que, en las investigaciones por el uso de fondos reservados en el Ejército, tres ex directores de inteligencia de dicha institución se han negado a revelar el destino de dichos gastos amparándose en la Ley de Inteligencia.
El argumento resulta altamente cuestionable, pero por lo pronto recuerda el origen de este tipo fondos. La expresión «fondos réptiles» se atribuye a hechos vinculados con Otto von Bismark —cuyo ejército prusiano fue admirado por el chileno—, quien, tras el triunfo de la Guerra Austro-Prusiana en 1866, utilizó la fortuna de los Hannover para conformar un fondo secreto con el propósito de financiar actividades, incluidas las de propaganda con la prensa, dentro y fuera de Alemania para neutralizar acciones contra sus intereses.
Desde entonces, los fondos reservados han estado vinculados a cuestionables operaciones para el funcionamiento del Estado en distintas partes del mundo y de ahí que suelen ser fuente de escándalos por su opacidad y uso discrecional. Por ejemplo, cuando estalló el caso de la guerra sucia contra ETA en España, una de las materias de la investigación penal fue el uso de fondos reservados para la comisión de delitos y el pago de sobresueldos. En ese país el debate está abierto ahora tras el financiamiento de una “brigada política” para investigar el proceso en Cataluña, el financiamiento de Podemos y el caso Bárcenas.
En el caso de gastos de reservados del Ejército aún existen muchos aspectos que investigar, que no sólo tienen que ver con el enriquecimiento personal del ex general Juan Miguel Fuente-Alba, además de los “beneficios” otorgados a otros miembros vinculados al Ejército; sino que también es importante saber cuántos de esos cuantiosos recursos públicos entregados desde 1989, sin control de ningún tipo, estuvieron vinculados a hechos de la transición. La pregunta evidente es, por ejemplo, si estos recursos fueron utilizados en financiar la defensa y estadía de Pinochet en Londres, un aspecto que hasta hoy no ha sido posible despejar. Como decía A. Huxley, “los hechos no dejan de existir porque los ignoramos”.
Citar la Ley de Inteligencia para proteger la seguridad nacional resulta una burda manera de buscar impunidad, es establecer un muro infranqueable para el escrutinio elemental que exige un Estado democrático en una investigación judicial, y ciertamente constituye una interpretación abusiva de la ley, porque confunde la comisión de delitos con la protección de secretos militares frente a terceros distintos de un juez.
Y es que el mundo de hoy no es el de Bismark, en buena hora, a pesar de la admiración y agradecimiento que el Ejército chileno aún mantiene por él, incluso en la administración de sus fondos reservados.