¿Cómo lograr un sistema de compras públicas más transparente? Esa fue la pregunta que guió la conversación en el webinar “Reformas a las compras públicas en Chile”, organizado por el centro de estudios Espacio Público y que se realizó el pasado jueves 24 de junio a las 17:00 horas.

En la instancia se revisaron las principales fortalezas y debilidades del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza las compras públicas, mejora la calidad del gasto público y aumenta los estándares de probidad. Para ello, se convocó a un panel moderado por Valeria Lübbert, directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, y que contó con la participación de Ricardo Miranda, Fiscal de Chile Compra; Paula Díaz, directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal; Guillermo Jiménez, profesor de Derecho Público de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Josefa Monge, directora de Cumplo y eClass.

La importancia de revisar las implicancias de este proyecto de ley radica en que la configuración del sistema de compras públicas es muy sensible, dada la magnitud y los montos del dinero que están envueltos en las operaciones. En ese sentido, Lübbert recalcó que “es urgente hacer reformas al sistema porque existen grandes riesgos de corrupción, considerando que en Chile, durante el año 2020, el dinero que estuvo relacionado con compras estatales superó los 12 mil millones de dólares”. Además, la abogada explicó que, aunque se pueda pensar que las compras públicas no inciden en la vida cotidiana, sí lo hacen, pues “están derechamente relacionadas con el interés público: los servicios que se prestan, la calidad de los bienes adquiridos y cómo estos llegan a la ciudadanía”.

En su exposición, el fiscal de Chile Compra hizo un repaso de algunos hitos que precedieron al proyecto de ley que se discute actualmente en el Congreso, como lo son la Comisión Engel (2015), la instalación de una mesa de trabajo por parte de Chile Compra (2016), el informe OCDE sobre convenios marco (2017) y el proceso de consulta pública del anteproyecto (2020). Sobre esta instancia, Miranda señaló que “más de 2 mil personas participaron y se pudo advertir que el contenido del proyecto era bien recibido por la sociedad civil. Varias de las recomendaciones de ese proceso fueron incorporadas al borrador final”. Así, explicó que “el proyecto de ley que moderniza las compras públicas contiene siete ejes centrales, entre los que destacan el fortalecimiento de la probidad y transparencia, impulso a la participación de pymes y nuevas facultades para Chile Compra”. 

Por su parte, Paula Díaz abordó el trabajo que han venido realizando desde el Observatorio del Gasto Fiscal para procurar que exista transparencia particularmente en las compras públicas: “esto es importante porque va más allá de solo modificar la normativa, hay un montón de procedimientos y prácticas que subyacen a esta temática. Se trata también de un tema cultural y que existan aspectos que sean sancionados”. En esa línea, remarcó que “una de las recomendaciones basales en términos de compra y contrataciones públicas es conocer quiénes son los beneficiarios finales de todas las empresas que proveen al Estado”. 

Guillermo Jiménez también realizó un análisis del proyecto de ley que moderniza las compras públicas, advirtiendo que “existe el temor de que la rápida revisión del proyecto en el Congreso haya sido superficial. Hay expertas y expertos que han encontrado espacios de mejora y uno esperaría que en el Senado varios de esos comentarios fueran recogidos”. Entre sus principales recomendaciones, el abogado indicó que “las municipalidades son un actor importante de obras públicas, creo que su autonomía constitucional no justifica que estén tan separadas del sistema de compras públicas del gobierno central”. 

Finalmente, Josefa Monge abordó el concepto de compras públicas de triple impacto, que busca instalar en Latinoamérica un sistema más sostenible y que “considere las condiciones de producción del bien o servicio, los materiales que la componen y las consecuencias directas e indirectas de su producción”. Considerando que el proyecto de ley aborda como ejes centrales el uso eficiente de los recursos del Estado y la economía circular en las compras públicas, Monge destacó que “por fin se ha ido recogiendo la necesidad de que la compra pública sea un motor de innovación, y que se permita el espacio a nuevas tecnologías”. 

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