La última cuenta pública presidencial destacó el recién firmado acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio -mineral crítico para la transición energética-, el que busca consolidar la posición de Chile. Su impacto en los ingresos fiscales será importante, pues ya en 2022 se logró un peak de US$ 5.500 millones, equivalentes al 1,9% del PIB y al 7,2% de los ingresos públicos de ese año. Con este acuerdo, junto con aumentar rápidamente la producción, asegurando la continuidad operacional, estos ingresos aumentarían considerablemente, ya que el Estado recibirá cerca del 70% del margen operacional que genere la nueva producción entre 2025 y 2030 y el 85% entre 2031 y 2060.

Asimismo, el otorgar la mayoría accionaria al Estado en SQM, a través de Codelco, permitiría seguir resguardando los intereses nacionales. En la industria del litio existe poder de mercado a nivel global: mientras a los importadores les interesa acceder a un bajo precio para abastecer a su industria doméstica, el interés de Chile es acceder a un alto precio en las exportaciones y agregar más valor a nivel local.

El país obtiene la totalidad del litio a partir de salmueras en los frágiles ecosistemas de los salares, que son de gran valor ambiental, lo que hace imperativo que la industria se haga cargo de la brecha hídrica del Salar de Atacama, donde está el 90% de las reservas de litio. Si bien el acuerdo SQM-Codelco aborda este problema y busca integrar progresivamente un cambio tecnológico para la extracción directa con reinyección, se necesita más ambición. Y esto debe darse de la mano con la adecuada implementación de la meta de 30% de conservación de los salares en téminos de biodiversidad.

En la cuenta pública también se anunció un fondo de US$ 1.000 millones para acelerar y concretar inversiones privadas de hidrógeno verde. Esto es una buena noticia, considerando las condiciones privilegiadas que posee Chile para su producción y exportación, pero que se podrían ver erosionadas por los cada vez más generosos subsidios al desarrollo de esta industria en los países del norte global, que no solo generan distorsiones en las decisiones de producción e inversión y en nuestras oportunidades de sofisticación productiva, sino que también encarecen el proceso global de descarbonización.

Al mismo tiempo, la gran escala que se plantea para esta industria en Chile generaría una carga socio ambiental importante en los territorios en donde se desarrolle. El Gobierno, junto con proveer las bases para una adecuada evaluación ambiental de los proyectos de hidrógeno, al igual que lo hizo con la Estrategia Nacional del Litio, podría establecer una meta de protección de la biodiversidad en Magallanes, ya que junto a Antofagasta, son los territorios que se verán más involucrados en su producción.

Con todo, tanto la producción de litio e hidrógeno verde permitirán posicionar globalmente a Chile como un importante socio para el abordaje de uno de los mayores desafíos que hoy enfrentamos, y que es la descarbonización del planeta.