La semana pasada se dio a conocer el “Primer Informe Nacional sobre Homicidios Consumados: una visión integrada e institucional 2018-2022” elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que contó con apoyo de diversas agencias estatales que tienen información sobre delitos de homicidio, incluyendo al Ministerio Público, las policías, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal y el Registro Civil, entre otros.
El principal objetivo de este informe ha sido presentar estadísticas unificadas en materia de homicidios consumados en Chile, probablemente uno de los delitos más graves previstos en nuestra legislación. A su vez, se pretende producir información no disponible previamente que permite una mejor caracterización del contexto y forma que se producen estos delitos, mejorando de esta forma nuestro conocimiento en la materia.
Contrario a lo que se podría intuitivamente creer, hasta la fecha no existía una información estatal unificada en este delito. Diversas instituciones manejaban datos, por ejemplo, las policías y el Ministerio Público, no calzando entre ellos y, en ocasiones, con algunas diferencias de importancia que sorprendían a un lector que no conocía bien al sistema de justicia penal chileno. Estamos en presencia, entonces, de una muy buena noticia que hay que destacar, ya que tenemos una herramienta que permite delinear estrategias y políticas públicas con mejor base en la evidencia, lo que es un supuesto básico para enfrentar un fenómeno que naturalmente genera una enorme preocupación en la ciudadanía.
Donde no hay tan buenas noticias es en los resultados que se presentan en el informe. No se trata de una sorpresa, ya que las cifras sectoriales disponibles (por ejemplo, las contenidas en los informes elaborados por el Ministerio Público en forma previa) y otras elaboradas por instituciones privadas como, por ejemplo, Espacio Público, ya mostraban las mismas tendencias que presenta el informe, claro que este tiene la gran ventaja de tener datos homologados, actualizados y mucho más completos de lo que se disponía a la fecha.
En sus hallazgos centrales el informe muestra la tendencia al aumento de los homicidios consumados en el país desde el 2018, tanto en números absolutos (de 845 el 2018 a 1322 el 2022) como en relación con la tasa cada 100 mil habitantes (de 4,5 el 2018 a 6,7 el 2022). Se trata de un incremento cercano al 50%, en que se aprecia una tendencia paulatina al alza con excepción del año 2021, seguramente influido por la situación de la pandemia. Como se puede observar, estamos en una situación de deterioro preocupante.
El informe también entrega algunos datos comparados que permiten contextualizar la situación nacional. Esas cifras muestran que, a pesar del enorme aumento de homicidios consumados en el país, todavía nos encontramos en una buena posición respecto a otros países de la región, no solo considerando a aquellos que solemos asociar con mayores niveles de violencia que Chile (por ejemplo, la tasa para el año 2022 fue de 24,5 en México y de 35,5 en Venezuela), sino que incluso en otros que presentan indicadores socioeconómicos y de calidad de democracia similares a los nuestros (Uruguay contó con una tasa de 10,8 y Costa Rica habría superado las 12 en el año 2022). El que otros países estén peor no es una razón para celebrar, pero sí aporta información que permite dimensionar mejor el fenómeno y, probablemente, arroja algunas pistas de que estamos frente a un desafío muy similar en la región. Valga la pena señalar que las cifras comparadas muestran que estamos muy por debajo de los promedios que se observan en Europa o Asia o de países de las Américas como Canadá (tasa de 2,1 para el año 2021).
El informe también contiene múltiple información que permite comprender mejor la dinámica con la que se cometen los homicidios consumados en el país, incluyendo temporalidad de la comisión, características sociodemográficas de víctimas y autores, datos sobre los mecanismos de ejecución y lugares de comisión, información desagregada acerca de las tasas a nivel regional y de las comunas con mayor incidencia, entre otras.
No me es posible resumir toda la rica información en una columna como esta. Destaco algunos datos importantes de tendencias que se venían observando con la información que se disponía en forma previa. Lo primero es que las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes no se distribuyen homogéneamente en el país en sus distintas regiones, existiendo diferencias enormes entre la que cuenta con una tasa más alta (Arica y Parinacota con 17,1) y la más baja (Magallanes con 2,2), existiendo una tendencia a que las más altas se concentren en el extremo norte y, en cambio, las más bajas, en el extremo sur.
Por otra parte, las cifras muestran un aumento en el uso de armas de fuego como mecanismo de ejecución de los homicidios (de 42% el 2018 a 53,9% el 2022), también que ha aumentado la comisión de estos delitos en la vía pública (de 50,7% el 2018 a 64,1% el 2022) en desmedro de los domicilios particulares (de 27,9% el 2018 a 20,4% el 2022) y un aumento de los victimarios desconocidos (de 23,7% el 2018 a 41,6% el 2022).
Este cúmulo de antecedentes mostraría cambios relevantes en la forma en que este delito se comete en el país y eso ha llevado a varios a sostener que estos patrones sugieren un incremento de los homicidios como consecuencia de la mayor presencia de organizaciones criminales en el territorio nacional. Concuerdo inicialmente con esa conclusión, sin embargo, me parece un punto que requiere un poco más de análisis, especialmente a la luz de otros datos que tienden a contradecirla. En efecto, el informe también entrega información sobre el contexto de comisión del delito y en forma paradójica se aprecia una disminución significativa del porcentaje de casos en los que el homicidio está asociado a un delito y/o grupo organizado, pasando de 47,3% de los casos el año 2018 a 38,4% el 2022. En menor medida, también introduce alguna duda el dato que muestra que el porcentaje de condenados por homicidio consumado que contaba con una condena previa disminuyó de 75,3% el 2018 a 65,4% el 2022.
Como se puede apreciar en este breve recuento de algunos datos, se trata de una información muy rica que constituye un gran avance, pero que todavía requiere ser complementada para entregar respuestas más claras en algunas materias. Hemos avanzado bastante, pero todavía estamos un poco lejos, como suele decirse en el debate público, de que “la hora de los diagnósticos ha terminado”. Por cierto, la información que ya disponemos sí permite guiar mejor las estrategias y políticas públicas para enfrentar de manera más eficaz y adecuada el preocupante fenómeno del aumento de homicidios. Ojalá que esta información sea utilizada adecuadamente por los tomadores de decisiones y, además, la sigamos profundizando y complementando en el tiempo.