Uno de los asuntos centrales que enfrentaremos en los próximos meses girará en torno los proyectos constitucionales en disputa. Aunque cada uno de ellos debe ser observado críticamente, me quiero detener en una de las inconsistencias de quienes promueven ‘rechazar para reformar’, los únicos que hasta ahora han planteado una iniciativa en términos sistémicos.
La tesis central de este grupo, liderado por el senador Allamand, es que no resulta conveniente dar un ‘salto al vacío’, como representa, en su opinión, la alternativa del Apruebo. Ellos postulan un rechazo que se traduzca en una agenda de ‘reformas profundas’. Aunque muchas de sus iniciativas son asuntos de política pública, en términos constitucionales destaca el cambio del régimen de gobierno a uno semipresidencial.
Este se caracteriza por distribuir el poder entre un Presidente de la República con competencias nacionales, un primer ministro a cargo del Gobierno, y un Parlamento que aprueba leyes y que hace efectiva la responsabilidad del Gobierno. Aunque la iniciativa no es novedosa —en nuestro país existe desde hace décadas una amplia reflexión académica al respecto—, lo cierto es que constituiría uno de los cambios más importantes que podría tener nuestra estructura constitucional desde la
independencia.
Pasar de un sistema presidencial ‘monárquico’ como el de 1980, a uno semipresidencial como el francés, según lo ha ilustrado el propio Allamand, es transformar el ‘cuarto de máquinas’ de nuestra democracia; un cambio en el que los actuales parlamentarios tienen demasiados intereses en juego, sobre todo si son ellos quienes podrían definir las reglas de la transición de un régimen a otro.
Un ejemplo de esto lo demuestra la actual coyuntura de la política francesa. Frente a la oposición de un grupo de parlamentarios a la polémica reforma de pensiones de Emmanuel Macron, el primer ministro Édouard Philippe ha decidido ejercer este sábado una atribución propia de su sistema semipresidencial: aprobar la reforma por decreto. Los parlamentarios que están en contra tienen 24 horas para promover una moción de censura. Si triunfan, el primer ministro debe dimitir. En cambio, si pierden, como es lo que al parecer sucederá, el gobierno triunfará con su proyecto.
La famosa cláusula del 49.3 de la Constitución francesa, utilizada en 86 ocasiones desde 1958, es una herramienta radical, pero es el mejor ejemplo de lo que implica un cambio de sistema. Si genuinamente los partidarios de ‘rechazar para reformar’ quieren esto, es posible darse cuenta de que la transformación de la estructura del poder en Chile requiere que la influencia de los parlamentarios incumbentes sea controlada. Y esto solo se puede lograr con una verdadera convención constitucional.