Señor Director:

A propósito de mi columna del domingo sobre las ineficiencias de la libertad de elección, Pablo Eguiguren afirma en carta del miércoles que la libertad de elegir debe ser recogida por el texto constitucional por “ser coherente cori nuestra tristona”. Si la Constitución de 1980 hubiese seguido la lógica de “coherencia histórica”, habría impuesto la obligación de que servicios públicos como telefonía, electricidad, carreteras y aeropuertos fueran provistos por empresas del Estado, porque esa era “nuestra historia” en ese momento. No haber impuesto una modalidad particular permitió que Chile se beneficiara de innovaciones posteriores, con ganancias de eficiencia importantes.

La afirmación de Eguiguren de que el seguro de cesantía no es un buen ejemplo para resaltar las bondades de un proveedor único porque entrega beneficios solo durante períodos de desempleo ignora que la
Administradora del Fondo de Cesantía, al igual que la multiplicidad de AFP, invierte las contribuciones de cada afiliado durante décadas, aportando a financiar su pensión. Además, los 12 millones de trabajadores que cobran el seguro de cesantía en un año típico (y un número mucho mayor durante la pandemia) valoran un servicio rápido y eficiente al igual que los afiliados a las AFP. Para terminar, y volviendo al terna de fondo, si la Constitución va a ser una casa de todos, no debe tomar decisiones de política pública que son debatibles.