Dos diputados de derecha han solicitado a las universidades de Chile y de Santiago que informen sobre sus programas asociados a los que denominan ‘ideología de género’, diversidad sexual y feminismo, pidiendo identificar los lugares donde se ejecutan, los recursos destinados y, especialmente, ‘los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos’.

Está de más señalar que sobre las universidades del Estado es correcto requerir información sobre sus actividades, como debería ser respecto de cualquiera entidad universitaria que reciba fondos públicos. Sin embargo, en este caso el problema es otro. Con indiferencia de lo que los diputados califican de ‘ideología’, un asunto que más bien habla de sus sesgos y la falta de comprensión de las discusiones que se dan en cualquier centro universitario del mundo, lo complejo es que ellos quieran obtener la ‘identificación’ de los docentes responsables.

¿Por qué es grave dicha pretensión? Porque uno de los aspectos sobre los cuales descansa el sistema universitario es la ‘autonomía académica’, la que reconoce libertad para desarrollar sus planes, programas y líneas investigativas. El corazón de ella es la ‘libertad académica’ que se traduce en que sus profesores disponen de las libertades ‘de cátedra, investigación y de estudio’. Sin esta autonomía y esas libertades, la universidad sencillamente no existe.

La solicitud de los diputados al requerir ‘identificar’ a los docentes responsables es una forma de amedrentamiento a las libertades de dichos académicos que el sistema institucional debe proteger. Están en juego no sólo las reglas aprobadas recientemente por el Congreso, sino que también parte de nuestra tradición constitucional.

Los diputados al menos deberían estar al tanto que las leyes de educación superior y de universidades estatales, aprobadas por el Congreso en 2018, reconocen esa autonomía y la libertad académica que buscan interpelar. Pero, además, en nuestro último pacto constitucional genuinamente transversal, de enero de 1971, se consagró la autonomía universitaria y la libertad de cátedra como parte de la libertad de enseñanza. Tras el golpe, la dictadura las pulverizó.

Pero esas libertades estos días no sólo han sido amenazadas por el oficio de los diputados. Lo ha sido también el ataque que sufrió la semana pasada la Universidad de Concepción y los mensajes dirigidos contra sus académicos por el desarrollo de sus actividades de investigación, así como la petición de nueve constituyentes para que la Convención no funcione en sus instalaciones por la manera en que ha ejercido sus derechos frente a los ataques que han sufrido sus dependencias.

Y es que como señala Fernando Savater, cuando se exige algo a ultranza, siempre se es un ultra.