No había pasado 24 horas del rechazo de la acusación constitucional contra la ministra Cubillos cuando se conoció la condena del excoronel Cristián Labbé, como autor de torturas contra Harry Cohen en 1973. El ministro Álvaro Mesa calificó los hechos como delitos de lesa humanidad. La extrema derecha reaccionó objetando el rol de los tribunales.

La presidente de la UDI, sin ninguna consideración sobre la situación de las víctimas, calificó la acción de la justicia como «una suerte de persecución de militares en retiro». José Antonio Kast dijo que Labbé era «un tremendo servidor a nuestra patria», interpelando a los tribunales al indicar que «la justicia» debía dejar «la política y la venganza de lado», y empezar «a restaurar la verdad». Por su parte el senado Juan Antonio Coloma cuestionó la condena por presunciones, utilizando el mismo argumento que desde hace año esgrimen los ex militares. Nadie en la derecha o en el Gobierno cuestionó estas declaraciones.

Al día siguiente, además, se conoció de una nueva condena – esta vez por un caso vinculado a la Operación Colombo – contra Miguel Krassnoff, el mismo que Labbé, mientras era alcalde de Providencia, homenajeó en instalaciones municipales. Nuevamente la Corte Suprema señaló que los delitos de lesa humanidad no podían ser considerados como actos de servicio de los militares.

El mismo día que se conocía la sentencia de Labbé, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaba la impugnación contra la sentencia que había condenado a Udo Pastör, ex diputado alemán de ultraderecha, que realizó un discurso en el que eligió cuidadosamente las palabras para que de un modo deliberado se pudiera «disimular» un discurso negacionista y por esa vía proferir mentiras «de forma intencional con el objetivo de difamar» a las víctimas del Holocausto. Para la justicia europea la libertad de expresión no puede amparar de forma directo o deliberadamente encubierta discursos negacionistas.

Seguir insistiendo que estas condenas son una especie de persecución judicial es negar la memoria histórica, la misma que los misma que los informes Retting y Valech, así como las leyes dictadas por el Congreso que ordenan reparaciones a las víctimas de desapariciones forzosas, ejecuciones y torturas han reconocido como parte de un pasado vergonzoso.

Declaraciones como las conocidas tras la sentencia de Labbé son una especie de negacionismo, porque se utilizan palabras con el objetivo deliberado de relativizar esa memoria y la gravedad de los hechos, terminando por difamar a las víctimas. Y es que mientras no se condenen ese tipo de declaraciones, este pasado seguirá persiguiendo a la derecha democrática. Porque esta última, por su omisión, puede generar el riesgo, que ya advirtió Hannah Arendt, de banalizar el mal.