Las cuentas públicas constituyen un hito importante, ya que, junto con ser un mecanismo de rendición de cuentas de lo ocurrido en el período anterior, son una excelente oportunidad para identificar las prioridades que orientaran el trabajo en el año o años que vienen.

Se anticipaba que la última de ellas, del 31 de julio pasado, estaría claramente marcada por los temas y urgencias que la pandemia del covid-19 ha producido tanto en el área de la salud como en la economía, tal como finalmente ocurrió. Con todo, ello no obsta a que otros aspectos de relevancia no debieran ser abordados, aun cuando con menos protagonismo de lo habitual. A la luz de esto, no resulta sorprendente que los temas de seguridad no hayan ocupado el mismo espacio o protagonismo que en ocasiones anteriores. Lo que sorprende, y no para bien, es la pobreza de sus contenidos y el claro retroceso que se puede percibir en la materia en algunas dimensiones centrales de lo que debiera orientar una política de seguridad para los próximos años.

El área de la seguridad es abordada en la cuenta en el capítulo denominado “Acuerdo por la Paz” (pp. 24-26 de la versión escrita). El texto inicia con una manifestación de preocupación de parte del Presidente sobre la violencia en Chile, estableciendo el deber del gobierno de proteger a la sociedad frente a ella con todas las herramientas del Estado de Derecho. En su análisis se identifican muy distintas formas en que esta se ejercería, por ejemplo, haciendo referencia a la violencia callejera, a las funas, al vandalismo y al amedrentamiento.

Esta aproximación resulta problemática, ya que al meter en el mismo saco comportamientos muy diversos, algunos muy claramente asociados a problemas de seguridad pública y otros, en cambio, que parecen ser más bien problemas graves de convivencia democrática, se pierde el norte respecto a las formas de encararlas con efectividad o se corre el riesgo de que todas ellas sean abordadas solo con las herramientas propias de las políticas de seguridad, lo que puede ser un grave error. Esto luego queda en evidencia cuando, para cumplir con el deber de protección del gobierno, el Presidente hace un llamado a la aprobación de un conjunto de proyectos de ley que ya han sido presentados y se encuentran en distintas fases de tramitación legislativa, incluyendo modernización y fortalecimiento de las policías, nuevo sistema de inteligencia y perfeccionamientos en ley antiterrorista y el combate al narcotráfico.

A primera vista se puede observar una brecha enorme entre el problema de violencia identificado y las propuestas, muchas de las cuales no tienen un vínculo específico con ella o al menos en las dimensiones que menciona el Presidente (por ejemplo, ¿cómo se combate las funas a través de estas leyes?). A ello debemos agregar que la mayoría de estas propuestas de reforma surgieron en un contexto anterior a la violencia que le preocupa y, por lo mismo, no fueron pensadas para hacerse cargo de ella (por ejemplo, el proyecto de modernización de las policías). Lamentablemente, entonces, queda la amarga sensación de que no existe un análisis mínimamente fino del problema de la violencia en Chile y de las formas de encararlo con posibilidades reales de tener una respuesta eficaz y adecuada a su naturaleza. No sería raro que en poco tiempo más nos demos cuenta que el Estado no ha cumplido adecuadamente con su deber en la materia. Por cierto, llama también la atención que no hay un análisis o mención de los problemas más clásicos de criminalidad y delincuencia en Chile, que suelen ser una preocupación central de la ciudadanía según lo manifiestan todas las encuestas de opinión.

Mención aparte requiere el tema de la droga y el narcotráfico, al cual la cuenta le dedica unos párrafos específicos. Luego de decir generalidades sobre el problema de la droga y su impacto, el Presidente se compromete a su combate sin agregar nada nuevo a lo que ya existe en la agenda actual. Me parece destacable que se ponga un foco prioritario en desbaratar bandas y también es positivo el uso de tecnología en su persecución, pero realmente no existe ningún aporte ni estrategia más específica que lo que ya está dando vueltas hace algún tiempo y que es una aproximación bastante limitada. En esa lógica, nuevamente se concluye haciendo un llamado a aprobar un par de proyectos de ley que están en tramitación como la gran solución, cayendo nuevamente en el fetiche que será la ley la panacea que resuelva nuestros problemas.

En el contexto descrito, lo más relevante de la cuenta es la ausencia de propuestas en materia de reforma policial y gobernanza de la seguridad pública. Incluso peor, se podría sostener que en estas materias la cuenta representa un retroceso grave. En efecto, respecto a las policías lo único que menciona es un llamado a aprobar proyectos actualmente en el Congreso que las “fortalecen y modernizan” y sobre cambios en el gobierno de la seguridad pública no se dice derechamente nada.

Esos dos proyectos que se llama a aprobar en materia policial fueron presentados durante 2019 como consecuencia del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública de 2018 y representan modificaciones que a esta altura son parciales e inconvenientes. Así, desde fines del año pasado se generó un acuerdo transversal en lo político y técnico sobre la necesidad de encarar una transformación profunda (reforma) a Carabineros y no simplemente avanzar en cambios parciales como los que se habían discutido regularmente a la fecha (modernización). En esta dirección, a fines del año pasado el Ejecutivo estableció un Consejo Asesor de Reforma a Carabineros y, al alero de la Comisión de Seguridad del Senado, se creó una Comisión de Reformas a Carabineros. Ambas comisiones entregaron sus informes en enero pasado proponiendo cambios bastante similares y que representan transformaciones profundas a la institución y en el gobierno de la seguridad pública en Chile, por medio de la creación de un ministerio específico que lo asumiera en vez del Ministerio del Interior y Seguridad Pública actual. En marzo, el Ejecutivo anunció públicamente el inicio del trabajo en esta dirección y hubo diversas reuniones con autoridades y expertos para dar inicio al proceso. A fines de abril, el Ministro del Interior de la época publicó una columna en El Mercurio fijando la posición del gobierno y hablando de la necesidad de realizar una reforma integral de carabineros, aun cuando estableciendo como límite que no se trataría de una refundación.

La cuenta pública no se hace para nada cargo de este proceso. En cambio, se hace un tímido llamado a aprobar los proyectos de ley actualmente vigentes en el Congreso que “fortalecen y modernizan” a las policías. Con ello, se vuelve a la lógica previa, la de preferir “modernización” o cambios muy parciales en dos proyectos de ley que, como ya señalé, cuya tramitación es anterior a la existencia de este amplio acuerdo sobre la necesidad de una reforma profunda y que, por lo mismo, están superados y son incluso incompatibles a la luz de las actuales propuestas disponibles, como por ejemplo puede revisarse con más detalle en el análisis que hice sobre uno de ellos en mi columna de mayo pasado.

El retroceso en el discurso gubernamental en materia de reforma a Carabineros y el gobierno de la seguridad pública es evidente y preocupante, pero lo que más sorprende es que la autoridad eche pie atrás a lo que se comprometió hace solo un par de meses de manera pública y con distintos sectores. Nadie espera que en este gobierno se pueda completar una reforma compleja que, por su naturaleza, tomará varios años, pero sí había una expectativa razonable de que el proceso de cambio diera pasos serios y relevantes. A la luz de la cuenta pública ¿podremos avanzar en esta dirección?