En los últimos años en nuestro país han salido a la luz diversos escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados empresarios, autoridades e incluso miembros del Congreso en ejercicio, debiendo el Sistema de Justicia Penal tomar conocimiento de los mismos. Las respuestas del sistema han sido entendidas por amplios sectores de la población como insuficientes, lo que ha generado una importante sensación de impunidad y descontento por el tratamiento diferenciado que este tipo de criminalidad tendría respecto a otros delitos comunes.

Reconociendo el fundamental rol que los sistemas de justicia penal juegan en la persecución y sanción de casos de corrupción, Espacio Público desarrolló una investigación en cuatro países de la región (Argentina, Brasil, Chile y Guatemala) destinada a estudiar las respuestas que en América Latina estos han entregado, determinando cuáles son las variables que obstaculizaron o facilitaron la persecución y sanción de estos hechos.

Los resultados de investigación contenidos en el informe sobre Chile, que ha sido recientemente publicado, muestran efectivamente dificultades importantes en esta labor. En efecto, del estudio de cinco casos de corrupción paradigmáticos ocurridos en nuestro país (Penta, SQM, Corpesca, Fragatas y Basura), se observó que solo una de las sentencias condenatorias dictadas fue de cumplimiento efectivo. Ella, a su vez, representa la única sentencia condenatoria que se ha dictado en un juicio oral ordinario en el país. Todas las demás fueron obtenidas por medio de procedimientos negociados entre el Ministerio Público e imputados.

Luego, respecto a los factores que podrían influir en las débiles respuestas entregadas, la investigación determinó que existen una serie de dificultades asociadas tanto al diseño institucional de los órganos encargados de investigar y juzgar estos hechos, como al normativo. Respecto a lo institucional, se advirtió que ni Policías, ni Ministerio Público ni Poder Judicial, cuentan con los niveles de especialización necesarias para hacerse cargo de manera efectiva de las labores encomendadas. Además, tratándose de Ministerio Público y Poder Judicial, se observaron desafíos relevantes en materia de independencia, derivados en su mayoría del sistema de nombramiento de sus más altas autoridades.

En cuanto al diseño normativo, la legislación vigente no contempla un conjunto de herramientas que la experiencia comparada indica favorecen la investigación y persecución de los casos de corrupción, tales como un sistema robusto de protección de testigos, una regulación adecuada de la cooperación eficaz, regulaciones especiales sobre reserva de investigaciones y la disponibilidad de herramientas especiales de investigación (interceptaciones telefónicas, agentes encubiertos, informantes, etc.), muchas de las cuáles hoy día se contemplan no sólo respecto en delitos que revisten cierta complejidad, como ocurre con la Ley N°20.000 que sanciona el tráfico de drogas, sino que incluso en delitos comunes, como los contra la propiedad. En consecuencia, paradojalmente a pesar de la gravedad de estos delitos, nuestro sistema legal le entrega menos herramientas para favorecer su persecución que en ciertos delitos comunes.

Invitamos a leer los resultados de la investigación e iniciar una reflexión y debate para introducir mejoras al Sistema de Justicia Penal que hasta la fecha no han sido objeto prioritario de atención y que, según muestran nuestros hallazgos, debieran ser claves si queremos enfrentar a los delitos de corrupción de manera efectiva.