Hoy es un lugar común afirmar que la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía. Con todo, no se trata de un fenómeno nuevo ya que desde hace más de 30 años tenemos evidencia acerca de su importancia para las personas. Por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP) de 1995 un 35% identificó a la delincuencia, robos y asaltos como el tercer problema en orden de importancia al que el gobierno debía dedicar el mayor esfuerzo en resolver. El año 1999 mantenía ese tercer lugar, pero el porcentaje subió a un 41,1% de los encuestados.
Lo más llamativo de años recientes, por lo tanto, no es que este tema sea objeto de preocupación, sino que se haya situado como la primera preocupación o prioridad según diversas encuestas de opinión pública. Así, la de Espacio Público-IPSOS, “Chilenas y chilenos hoy”, muestra que entre los años 2017 y 2022 se trató de la materia que más afecta personalmente a los encuestados, superando largamente a temas como la pobreza, los problemas de salud y desempleo, entre otros. La versión de 2022 (cuyo campo se realizó entre noviembre y diciembre) muestra, además, un fuerte incremento del porcentaje, pasando de un 56% en el año 2021 a un 61%. La distancia con otras materias se observa al ver que el tema que le sigue es la salud deficiente con solo un 31%.
Estos resultados coinciden con los de la última encuesta CEP, pero con matices importantes de diferencia. La pregunta del CEP pone énfasis en identificar lo que las personas estiman deben ser las prioridades para el gobierno, la de Espacio Público pone foco en identificar la vivencia personal de los encuestados y la forma en que los problemas sociales les afectan. Otra es que la de Espacio Público también formula la misma pregunta, pero pensando en un escenario futuro (las principales preocupaciones en 10 años) y la seguridad sigue apareciendo en primer lugar con un 39%.
Estos datos reiteran la necesidad que tiene el país de avanzar en la materia enfrentado el problema como una política de Estado que cuente con un apoyo transversal y con una mirada no solo puesta en las urgencias, sino en resolver problemas con una perspectiva de mediano y largo plazo. Lamentablemente, la contingencia pareciera siempre imponerse y pone incentivos muy grandes para abordar el tema desde una perspectiva donde priman las ganancias políticas de muy corto plazo.
Tomarse en serio esta preocupación de la ciudadanía no solamente se debe traducir en declaraciones grandilocuentes o de indignación frente al delito o empatía con las víctimas, sino trabajar sobre diagnósticos bien fundados, adoptar políticas y medidas idóneas que tengan respaldo técnico, disponer recursos suficientes para su ejecución, establecer metas y evaluar sus resultados. Se trata de un camino menos vistoso, pero la única forma a esta altura de hacernos cargo en serio de la relevancia que tiene el tema para la ciudadanía y de lograr resultados que se sustenten en el tiempo.