Este mes debería anunciarse el gabinete que desde marzo acompañará al Presidente Piñera. Se ha especulado con muchos nombres, entre ellos, ex ministros, actuales parlamentarios y alcaldes, y los partidos han entregado una amplia nómina de potenciales personas idóneas para los cargos.

Se ha señalado que se hará una exhaustiva revisión de los antecedentes de esas personas (comerciales y personales) y sus competencias para el rubro. Además de personas que cuenten con la confianza del Presidente y tengan ‘dedos para el piano’, es importante que se trate de personas en las cuales la ciudadanía también confíe.

¿Qué significa eso? En primer lugar, que no se trate de personas que actualmente son investigadas por causas relacionadas con la corrupción o el financiamiento irregular de la política. Mientras no hayan sido condenadas, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia, pero no es bueno que quienes deben llevar a cabo tareas relevantes para el país estén cuestionadas y dedicadas también a su defensa.

Lo mismo ocurre con personas recientemente condenadas: es difícil que nos den confianza si ya hay un juicio al respecto. Por otra parte, sería óptimo que se trate de personas que no tengan conflictos de interés con el sector que liderarán. Es decir, que quien esté a cargo del rubro de minería, por ejemplo, no haya trabajado, invertido o tenga relación directa -ni sus familiares cercanos- con empresas mineras durante el año previo a asumir.

El objetivo es que no tengamos duda de que nuestras autoridades están gobernando para todos y no particularmente para un grupo o sector. En el gobierno anterior del Presidente Piñera y en el actual de la Presidenta Bachelet hubo conocidos casos de personas que debieron renunciar o no pudieron asumir sus cargos por tener conflictos de interés.

Esperamos que esta vez esto no ocurra y nuestras futuras autoridades cumplan con lo que la ley obliga y también con los mejores estándares en probidad y anticorrupción.