Hace unos días la contaminación posiblemente emanada de empresas instaladas en Quintero y Puchuncaví ha generado una crisis en la zona, con acusaciones cruzadas entre la estatal ENAP y la ministra del Medio Ambiente. Una nota revelaba que algunos ex funcionarios de dicho ministerio, al término del gobierno pasado, se habrían ido a la petrolera estatal.

Esto en sí no implica nada, pero reabre un foco de posibles conflictos de interés que en Chile no hemos tratado aún: la denominada «puerta giratoria» entre el sector público y privado.

Nos gusta vanagloriamos de pertenecer al selecto club de la OCDE, sin embargo, en esta materia estamos atrás de los estándares internacionales, donde la mayoría de los países que lo integran establecen ciertas prohibiciones como «períodos de enfriamiento» para autoridades y funcionarios que se hayan ejercido altos cargos decisorios como ministros o con facultades fiscalizadoras o reguladoras, como los superintendentes.

De acuerdo a estudios que se han realizado en Chile, los cargos de superintendentes, que velan por mercados regulados, son los que más pasan por la «puerta giratoria», lo que conlleva un riesgo de uso de información privilegiada, de afectar a la competencia o incluso de posibles conflictos de interés mientras ejercen el puesto y negocian con su futuro empleador. Varios proyectos de ley han intentado regular esta materia que además fue objeto de recomendaciones de la Comisión Engel.

Hace poco el Presidente Piñera ingresó a trámite una propuesta que se hace cargo de esta materia y del «nepotismo cruzado», a raíz de las críticas por la fallida designación de su hermano como embajador en Argentina. Si bien el proyecto anterior es perfectible, se hace cargo de una materia en la cual no ha habido mucha voluntad política de avanzar.

Debemos poner coto a que el fiscalizador pase al día siguiente a trabajar para el fiscalizado e ir reduciendo cada vez más los espacios que aún quedan para los conflictos de interés.