Uno de los temas relevantes de la agenda de probidad surgida a raíz de la Comisión Engel, es la democracia interna y el financiamiento de los partidos políticos. Se partía de un diagnóstico de baja confianza ciudadana en estas instituciones, y la necesidad de reformar una ley que databa de 1986, dictada en plena Dictadura, cuando había desconfianza hacia los partidos políticos. Así, en 2016 se aprobó una importante reforma a esta normativa, que entre otros temas capitales, modificó su forma de financiamiento, restringiendo y transparentado aquellos recursos que vienen del mundo privado –para evitar su captura- y estableciendo un financiamiento estatal. Esto era tremendamente impopular. Por qué se iba a financiar con plata de todos los chilenos a entidades en las cuales se desconfiaba tanto. Sin embargo, y como ocurre en muchas democracias más desarrolladas, se trata de algo necesario para que estas instituciones esenciales para la democracia puedan funcionar adecuadamente y poner un coto a la influencia del dinero en la política.

Al parecer, lamentablemente, los partidos no han logrado comprender que este financiamiento público tiene ciertas normas y es para determinados objetivos relacionados con su rol en la democracia. El Servel ha estado constantemente reprochando su mal uso. Ya sea el reciente de Revolución Democrática, por rendir recursos públicos para compra de ‘fanshop’, vinos o artículos de aseo personal. Pero no son los únicos. Otros partidos han sido corregidos por utilizar recursos destinados a promover la participación política de las mujeres en asados, humoristas, arreglos de sedes, entre otros. Lamentablemente, vemos cómo, en general, nuestros partidos van un paso atrás de los estándares de transparencia que exigen la ciudadanía y las leyes. Es de esperar que se trate sólo del período de adaptación a las nuevas reglas y que pronto entiendan el rol clave que tienen en revertir la desconfianza ciudadana.