Durante las últimas décadas hemos tenido una baja sostenida de confianza en las instituciones, especialmente las vinculadas a la democracia representativa. Aunque el fenómeno no es sólo local, el problema se hace más complejo, en nuestro caso, por la baja confianza interpersonal.
Como ha descrito la literatura especializada, la confianza es determinante para el desarrollo económico, la estabilidad social, la provisión de servicios públicos, la participación ciudadana, la lealtad con el Estado de derecho y el bienestar subjetivo de las personas. Por eso situaciones como la corrupción, la inseguridad general y la violencia tienen impactos negativos en la confianza institucional.
Estos días, hay dos situaciones que parecieran transitar por cuerdas separadas, pero que están íntimamente vinculadas con nuestra crisis de confianza; ejecutarlas bien puede ser útil para salir del pantano en que nos encontramos.
Por un lado, al final de esta tarde conoceremos la quina de la Corte Suprema para la selección del fiscal nacional, un procedimiento en que luego el Senado debe dar la aprobación al nombre que proponga el Presidente. La elección de esta autoridad refleja muy bien los síntomas de nuestra crisis; por el rol que cumple en la eficacia de la persecución penal, considerando el aumento del crimen organizado, pero también porque en la elección de 2015, el proceso estuvo marcado por la opacidad en las investigaciones sobre el financiamiento irregular de la política.
Esta semana, además, es probable que los negociadores del nuevo proceso constituyente arriben a una propuesta que se traduzca en una reforma que lo habilite para 2023. Aunque algunos sostienen que el momento constituyente perdió oportunidad, o que este no es prioridad frente a la abrumadora cantidad de demandas sociales insatisfechas, lo cierto es que un nuevo texto constitucional puede contribuira recomponer nuestro fracturado sistema político.
Avanzar en este tema descansa, a estas alturas, en una razón estrictamente práctica. Si algo dejó en evidencia el proceso constituyente anterior es que —tal como sostuvieron varios convencionales de derecha— el texto vigente está fenecido, de modo que las reglas institucionales están en riesgo, porque estas requieren de un consenso compartido para el funcionamiento de una sociedad. Si ese acuerdo tácito desaparece o es débil, recuperar la confianza se puede transformar en una tarea imposible.
Como refleja el Barómetro de las Américas, pese a la lealtad con la democracia, el número de personas que tolerarían que ‘un Ejecutivo gobierne sin el poder legislativo en situaciones de crisis’ va en aumento. En nuestro país ese porcentaje aún es bajo, pero es conveniente tener conciencia que no somos inmunes a la ola de populismo que nos comienza a agobiar.