La semana pasada se decretó la quinta preemergencia consecutiva en la Región Metropolitana y la séptima de este año, a poco más de un mes y medio de iniciarse la gestión de episodios críticos. En el año 2018 se declararon siete y el 2017 sólo 2. La situación es igualmente compleja en ciudades como Talca, Curicó, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Osorno, Valdivia y Coyhaique, en algunas de ellas con emergencias ambientales.
Hoy seis de cada diez chilenos viven en zonas saturadas. Entre 2014 y 2018 se realizaron esfuerzos para aprobar 14 planes de descontaminación y hoy disponemos de una red de monitoreo que permite, entre otras cosas, saber lo que esta sucediendo. Los problemas de contaminación atmosférica son uno de los principales asuntos ambientales y de salud pública de nuestro tiempo, pero las proyecciones no son auspiciosas producto de la expansión urbana, el transporte y las limitaciones en el cambio de los sistemas de calefacción.
Durante los últimos 25 años hemos aprendido a generar información, evaluar impactos y ensayar soluciones, siendo expertos en la elaboración de planes, pero aún no comprendemos bien cómo gestionar su cumplimiento.
Para que opere un plan de descontaminación se necesita la concurrencia de un conjunto complejo y heterogéneo de voluntades públicas. Buena parte de sus medidas están condicionadas por la actuación de organismos sectoriales, los gobiernos regionales carecen de atribuciones directas, el rol del intendente es simplemente simbólico y la seremi de Medio Ambiente es sólo responsable de gestionar la información.
Es curioso que, siendo esta una de las dificultades trascendentales del país, la ley que permitirá la elección directa de gobernadores regionales el 2020 nada dice al respecto. La incógnita es si en esa campaña electoral, que se realizará en pleno invierno, los candidatos a gobernador serán capaces de proponer medidas ambientales aun cuando carezcan de atribuciones, lo cual es particularmente grave si consideramos que las principales capitales regionales están declaradas saturadas, por lo que la disputa con el gobierno central será inevitable.
Los episodios críticos de contaminación son un buen ejemplo de la necesidad de generar una arquitectura institucional que permita adoptar medidas efectivas y decididas a nivel territorial. Irónicamente, es un asunto que no distingue barrios, donde la gestión local es insuficiente y la acción regional es esencial para obtener resultados. La contaminación atmosférica nos recuerda que, más allá de nuestras aspiraciones y disputas personales, sus soluciones requieren de acciones conjuntas en base a un principio elemental de solidaridad para que nuestra vida común sea posible y digna.