Pocas semanas después del retorno a la democracia, Patricio Aylwin creó una Comisión Especial de Pueblos Indígenas. De ahí nacieron las propuestas de enero de 1991 para construir un sistema institucional, la reforma que permitía reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y el envío al Congreso del Convenio 169 de la OIT.
Aunque el sistema institucional avanzó, el reconocimiento constitucional y la aprobación del Convenio 169 se transformaron en disputas abiertas. En julio de 2000 la derecha objetó ante el Tribunal Constitucional (TC) el Convenio. Uno de sus reproches explicaba diáfanamente su posición: para los requirentes, la expresión ‘pueblos’ suponía alterar la existencia de un único ‘pueblo chileno’. El TC rechazó la impugnación un mes después, sosteniendo que el reconocer a los pueblos indígenas no suponía dotarlos de autonomía frente al Estado. Luego de eso, en octubre el reconocimiento constitucional fue rechazado por la Cámara. La entonces ministra Alejandra Krauss, luego de la votación, interpeló en el hemiciclo a la oposición por no superar sus ‘visiones sesgadas’.
Si bien cada una de las administraciones han creado comisiones para abordar los asuntos indígenas, el debate de los noventa explica en buena parte la manera jurídica y política de comprender el asunto hasta hoy.
Pese a esto, la Corte Suprema y la Contraloría han entendido que el marco normativo actual permite reconocer ciertos derechos. En el caso de la Corte ha sido evidente la amplitud y ductilidad que ha dado a la participación indígena. La Contraloría, por su parte, ha otorgado legitimidad al uso de símbolos y derechos lingüísticos. Esta ha señalado que es correcto que los municipios y el gobierno regional de la Araucanía utilicen la bandera mapuche juntamente con la chilena, así como la posibilidad de que este último incluya el idioma mapuzugun como oficial, junto con el castellano, por vía simplemente reglamentaria.
Por eso cuando la semana pasada dos convencionales constituyentes de Vamos Chile interpelan a otra por el uso del mapuzugun, así como por el rol de la presidenta de la Convención, imputándole ‘pavimentar un camino de tiranía’, olvidan con facilidad el pasado de disputas recientes que su sector ha planteado sobre los asuntos indígenas.
Como escribió John Steinbeck en ‘Las uvas de la ira’, un libro de una dolorosa actualidad, ‘¿Cómo sabremos que somos nosotros si no tenemos pasado?’. Los reproches al idioma, el uso de la bandera chilena como si fuera parte de una facción, y la interpelación divisionista, nos obligan a tratar de responder esa pregunta. Y sigo creyendo que el mejor lugar para encontrarla es la deliberación leal de la Convención Constitucional.