La formalización de treinta médicos imputados por emitir licencias médicas fraudulentas ha mostrado nuevamente el deficiente funcionamiento del subsidio por incapacidad laboral (SIL). Este caso implicaría un perjuicio fiscal que superaría los $700 mil millones entre 2021 y 2022, según ha indicado la Fiscalía.

El SIL, que es parte de la seguridad social, permite al trabajador sustituir su remuneración imponible mientras se ausenta o reduce su jornada laboral, haciendo uso de una licencia médica. En caso de enfermedad o accidente común, dicho subsidio se financia con cargo a la cotización realizada en Fonasa o en una isapre.

Entre 2017 y 2021 el gasto en SIL financiado con cargo a estos seguros de salud creció 82% a nivel de sistema y 101% en Fonasa y, solo entre 2020 y 2021, el aumento fue 40% y 54%, respectivamente. En 2021, el 29% de las licencias tramitadas correspondió a trastornos mentales, concentrando el 38% del gasto total. Así, mientras en 2011 la cotización necesaria para financiar el SIL era 1,8% a nivel de sistema (gasto como proporción de las remuneraciones imponibles de los cotizantes), en 2021 se ubicó en 3,9%.

Además de espacios de mal uso, el funcionamiento del SIL tiene problemas estructurales originados en una institucionalidad altamente fragmentada, que dificulta su gestión, control y sostenibilidad. Su tramitación depende de si el trabajador está afiliado a una isapre o Fonasa y, en este último caso, de si su empleador está afiliado o no a una caja de compensación de asignación familiar. Además, las reglas difieren entre el sector público y el privado.
Desde marzo se discute en el Senado una modificación a la Ley N°20.585 de 2012, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de aumentar multas y periodos de suspensión, entre otras medidas que, aunque van en la dirección correcta serán insuficientes. Avanzar y profundizar esas regulaciones es urgente, así como crear un sistema de información integrado para la gestión y fiscalización del SIL, con acceso a otros registros administrativos. Paralelamente, debiera reducirse la fragmentación institucional con procedimientos eficientes para las personas y revisarse el diseño del SIL, por ejemplo, en cuanto a la carencia de tres días para licencias breves que lleva a alargarlas o respecto de su tasa de reemplazo.

Los problemas del SIL muestran el elevado costo de la inacción en políticas públicas. Hace años se requieren reformas en salud, pensiones y otras áreas y su demora solo profundiza las dificultades. Hoy, es el momento de acordar soluciones adecuadas para los diagnósticos disponibles. Los liderazgos políticos están llamados a conducir estos procesos y a dar respuesta a estos problemas que afectan a la ciudadanía, con la oportunidad, además, de recomponer la confianza en nuestras instituciones.