En la estrategia del litio anunciada por el gobierno se pueden advertir elementos positivos y también otros a robustecer. Es un avance la apertura hacia la colaboración público-privada, con una mayoría estatal para proyectos definidos estratégicos. La necesidad del Estado de entrar rápidamente al negocio y aprovechar el favorable panorama global hace que la participación a través de Codelco sea sensata, siempre que no desvíe a la estatal de su core, por ejemplo, mediante una filial de gobierno corporativo robusto. La participación de Enami se ve más desafiante dada su situación económica y capacidades de gestión. Más allá, habrá numerosas empresas extranjeras interesadas, lo que hace crucial robustecer la transparencia de la industria.

La asociación con SQM a cambio de extender su contrato y que deje de producir mediante salmuera puede ser beneficiosa, siempre que se asegure el resguardo ambiental de los frágiles ecosistemas de los salares como un todo y se dé claridad sobre cómo se logrará, considerando la mala experiencia en el Salar de Atacama. Más que un 30% de conservación per se, es la ciencia la que debe determinar el nivel conservación requerido para mantener las particulares capacidades ecosistémicas de los salares. También se debe avanzar en una robusta gobernanza y gestión territorial del salar.

La creación del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio Salares es importante para la transformación del capital natural en capital social y conocimiento. Es clave enfocar este esfuerzo, como bien lo sugiere César Hidalgo, en una sofisticación productiva y complejidad económica cercana al litio más que a las baterías para autos.
Otro desafío es el trabajo territorial, dado lo poco afortunada que ha sido la experiencia con SQM y Albermale; ambas, si bien distintas, comparten malos resultados respecto del impacto sobre el tejido social y el desarrollo deseado por las comunidades. La consulta indígena anunciada por Corfo es positiva, pero ojalá que no sea tardía.

Dado que la estrategia fue realizada sin participación ciudadana ni acuerdos mínimos entre los actores relevantes, se requiere una visión compartida sobre lo que como país queremos para el litio, y que no sea solo un plan del gobierno de turno. Urge avanzar hacia acuerdos mínimos que perduren en el tiempo y nos lleven a un desarrollo sostenible en torno a esta industria.
Con todo, la pregunta es, dado el actual superciclo del litio, ¿cómo maximizamos los recursos para las arcas fiscales, compatibilizando el debido resguardo ambiental de los frágiles ecosistemas de los salares, la justa distribución de beneficios con las comunidades y la transformación del capital natural en sofisticación productiva? Hay elementos en la estrategia que dan una adecuada respuesta, pero en otros falta claridad.