En Chile existe una enorme protección al derecho a la propiedad privada. En cambio, los derechos a la propiedad pública se violan, de forma legal o ilegal, todos los días. Dentro de la propiedad pública se encuentran los bienes nacionales de uso público. Nuestras leyes indican que estos «pertenecen a la Nación toda», es decir, a todos y a cada uno de los habitantes del país. Por ello, no se deben cerrar los pasos a las playas y orillas de lago, por ejemplo.

Pero muchos de estos bienes no pueden disfrutarlos sus dueños -nosotros- en forma directa, sino que debe haber inversiones para posibilitar su uso. Un ejemplo concreto es el espectro radioeléctrico por el que se transmiten las señales de la radio, TV y telecomunicaciones móviles. El agua, las bahías donde están los puertos, el espacio aéreo, las faja vías de caminos y trenes, riquezas mineras, pesqueras y otros.

Dado que es necesario hacer inversiones, estos bienes son entregados a privados para su explotación, en la forma de concesiones. El problema es en qué condiciones se entregan estos recursos. Su explotación genera rentas para los concesionarios que no son pagadas a sus legítimos dueños: nosotros.

En Chile, en la mayoría de los casos estos bienes se entregan en forma prácticamente gratuita: en algunos se cobran royalties, multas por no uso como en el caso del agua y, en los menos, hay límites a las tarifas que pueden cobrar, como es el caso de los puertos.

Esta manera de asignación no solo es injusta, al no pagar a sus dueños la renta, sino que es sumamente ineficiente.

En el caso del espectro radioeléctrico, al menos, en la gran mayoría de los países se realizan subastas que recaudan miles de millones de dólares, ¿Es esa una solución? En los sectores productivos en que hay cambios, ya sea tecnológicos o que hacen más escaso el recurso, el valor de estos va cambiando en el tiempo. Por ello, estas concesiones no deben entregar la explotación del recurso por plazos muy largos. Se recomienda que esos plazos no vayan más allá de la vida útil de los equipos necesarios. En Chile, estas concesiones abarcan plazos demasiados largos, en general renovables a voluntad del concesionario o derechamente son perpetuas.

De mayor eficiencia sería tener un mecanismo de licitación permanente. ¿Cómo podría hacerse algo así? Se ha propuesto (posner y weyl, en su libro «Radical Markets») un impuesto a la Harbenger, en que solo se establece la tasa pero la base la fija el concesionario. Tal valor, sin embargo, es asimismo un valor de oferta, lo que contrapesa el incentivo a subdeclarar. De esa forma aseguramos no solo la renta para los dueños en la forma de recaudación del impuesto, sino que también que el recurso se entregue al que puede generar más valor de uso.

Hablando de dignidad, sería bastante más digno que se le pague a la población una renta por los recursos que posee, en comparación con recibir limosna de los impuestos que los ricos están dispuestos a pagar.