Aunque a veces suene como una ‘mala palabra’, el lobby es parte relevante del proceso democrático. La información que entregan los actores de una industria es útil para que las autoridades entiendan su funcionamiento y evalúen las alterativas de regulación. Esta función informativa, sin embargo, convive con el riesgo de captura del Estado por grupos de interés, que se traduce en políticas públicas que responden a sus intereses particulares por sobre el interés social. Por ello, la regulación del lobby busca asegurar su transparencia y la igualdad de acceso a la autoridad.

Al cumplirse diez años de nuestra Ley de Lobby, la OCDE emitió un informe con recomendaciones para su actualización, gran parte de las cuales fueron recogidas en un proyecto de ley ingresado por el gobierno en mayo de este año. Entre otras reformas, el proyecto extiende el concepto de lobby, unifica la definición de sujetos activos, amplía los sujetos pasivos, considera nuevas formas de influencia, fortalece el régimen sancionatorio y crea la categoría de ‘representantes calificados de intereses’ para quienes ejercen regularmente actividades de lobby. Estos quedan sujetos a obligaciones adicionales, tales como informar regularmente de sus comunicaciones que tengan por objeto actividades de lobby (incluidas las publicaciones en medios de comunicación y plataformas digitales) y dar publicidad a sus estatutos y directorios.

En este último punto el proyecto se quedó corto, al no incorporar la recomendación de la OCDE de exigir la divulgación de las fuentes de financiamiento de los centros de estudio y organizaciones de la sociedad civil que efectúen actividades de lobby. En efecto, el valioso aporte de dichas instituciones no nos exime de las responsabilidades que conlleva nuestro rol público. Bajo la legislación actual, y salvo por buenas prácticas adoptadas proactivamente, ¿cómo podemos saber si, por ejemplo, un centro de estudios que incide en el debate previsional obtiene financiamiento de actores de la industria? Por cierto, estos tienen derecho a manifestar su punto de vista, pero es fundamental que sus actividades de lobby sean transparentes frente a la opinión pública. Ello permite conocer los eventuales conflictos de interés existentes y evaluar correctamente las propuestas e ideas propuestas.

En un país atravesado por una profunda crisis de confianza, los centros de estudio y la sociedad civil jugamos un rol clave en impulsar medidas que mejoren la probidad y transparencia de las instituciones. Para cumplir fielmente esa misión, debemos ‘partir por casa’ y mejorar nuestros estándares de transparencia, divulgando nuestras fuentes de financiamiento. Ello contribuiría a un debate de mejor calidad y a que el proceso de generación de políticas públicas se realice de cara a la ciudadanía.