Recientemente se publicaron nuevos resultados del Barómetro Global de la Corrupción llevado a cabo por Transparencia Internacional. Como suele suceder en nuestra región, salvo contadas excepciones, los resultados no son alentadores. Tanto en Chile como en la región un poco más de la mitad de las personas cree que la corrupción ha aumentado y el 57% de las personas de América Latina sostienen que su gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción.

Por otra parte, en Chile un 13% sostiene haber pagado sobornos para la obtención de servicios básicos, una de las cifras más bajas de la región, y un 19% que habría recibido un soborno por su voto. Dentro de las noticias positivas, aumenta el número de personas que cree que los ciudadanos pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción —a pesar que en Chile tenemos la cifra más baja de la región-.

Lo anterior nos indica que la corrupción sigue siendo una preocupación importante en la región y que a pesar de ciertas repercusiones judiciales del caso Odebrecht en países como Perú y Brasil, las cifras no mejoran sustancialmente e, incluso, en algunas materias, empeoran.

Una de las preocupaciones que levanta este indicador es la deficiente regulación de financiamiento a la política, donde en países habría una alta compra de votos y la percepción generalizada (65%) de los ciudadanos de América Latina y el Caribe es que su Gobierno está controlado por unos pocos intereses privados y el 54% cree que los políticos toman decisiones o votan de un modo que favorezca a las empresas o las personas de las que obtienen apoyo político o donaciones.

Lo anterior dice relación con casos como el que volvió al tapete la semana pasada, de un supuesto financiamiento ilegal a la campaña de la Presidenta Bachelet por parte de la empresa brasileña DAS, una de las involucradas en el caso Lava Jato en Brasil por pagar sobornos y financiar campañas a cambio de contratos del Estado.

Por esto, se hace necesario que se investigue de modo exhaustivo lo anterior, y que junto con el cambio de reglas que se hicieron para tener un financiamiento más transparente y con mayores control, se aclaren este tipo de acusaciones que tanto golpean a nuestras instituciones y la confianza ciudadana en éstas.