Han pasado un par de semanas desde que estalló el escándalo por los copy paste de los informes de asesorías externas del Congreso y aún sigue el tema rondando, tanto por nuevos antecedentes que se han conocido sobre otros informes de muy baja calidad, como por la falta de propuestas de rediseño al mecanismo de asesorías externas. Sobre este último punto, los legisladores no debieran desaprovechar la oportunidad de fortalecer al Comité de Auditoría Parlamentaria incluyendo en el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso más y mejores atribuciones de fiscalización e independencia de este órgano.

Este proyecto se encuentra en su primer trámite en el Senado, y recoge varios elementos que permitirían elevar los estándares de transparencia y probidad del Congreso, los que son muy necesarios pues generalmente los cuestionamientos que afectan a los parlamentarios en ejercicio podrían evitarse con esa norma en régimen.

Nuestra institucionalidad ha avanzado mucho en materia de transparencia y en mecanismos para prevenir la corrupción, pero en el Congreso los estándares son todavía bajos, pues ahí las reformas no han podido concretarse. Todavía las Comisiones de Ética de la Cámara y del Senado son consideradas las instituciones rectoras en materia de transparencia y conflictos de intereses, pero carecen naturalmente de la autonomía necesaria para tener un rol activo en su prevención. También tienen atribuciones importantes para garantizar el debido proceso ante conflictos por denegación de información pública, cuestión que las últimas investigaciones periodísticas han dado cuenta.

El proyecto de ley entonces debe considerarse como una oportunidad no sólo relacionada con las asesorías externas, sino también en otros aspectos que han sido o que serán el detonante de nuevos cuestionamientos y críticas hacia una institución ya excesivamente desgastada.