Las candidaturas que disputan la segunda vuelta no han escatimado esfuerzos para conquistar a los votantes del Partido de la Gente. En su discurso en la noche del día de la elección, la candidata Jeannette Jara señaló valorar “profundamente” la propuesta de devolución del IVA de los medicamentos impulsada por Franco Parisi.

Más allá de la lógica política, ello apuntaría a un problema real para muchos hogares, especialmente aquellos que incluyen personas mayores o con enfermedades crónicas.

Según cifras de la OCDE, Chile lidera en gasto de bolsillo en salud (lo que las familias pagan directamente sin reembolso) y los medicamentos son el principal ítem de la canasta. En una encuesta de Ipsos–Espacio Público (julio de 2025), un 29% de los consultados reportó haber dejado de tomar alguna dosis de medicamento en el último año debido a su alto costo. De ellos, un 70% dijo haberse saltado dosis en más de una ocasión.

Así, aparentemente la devolución del IVA sería una ayuda concreta: si un hogar gasta $100.000 mensuales en remedios, rebajar el 19% dejaría la cuenta en torno a $84.000; si alguien compra un medicamento de $5.000, pasaría a pagar cerca de $4.200. ¿Quién podría oponerse a eso?

El problema es que este alivio es limitado y muy costoso. Si el mercado de medicamentos bordea los USD 3.000 millones al año, eliminar el IVA implica renunciar a cerca de USD 500 millones anuales de recaudación. Ello ocurriría en un contexto de estrechez fiscal, en el que, por ejemplo, se discute cómo sostener financieramente la Ley Ricarte Soto.

Asimismo, los retiros de fondos de pensiones mostraron cómo una excepción abre la puerta a muchas más. Si hoy bajamos el IVA a medicamentos por ser de primera necesidad, mañana será difícil negarlo para alimentos básicos, libros o combustibles. El IVA es una de las principales fuentes de financiamiento del Estado: erosionarlo con excepciones puede aliviar un síntoma, pero agravar la enfermedad.

Incluso si como país tuviésemos los recursos, el alivio se repartiría de forma desigual. Para quien vive con tratamientos permanentes y gasta $100.000 mensuales en medicamentos, la rebaja del IVA es un respiro, pero sigue siendo un monto difícil de sostener.

Para quien compra esporádicamente un remedio de $5.000, el ahorro de menos de mil pesos es marginal, pero la pérdida de recaudación asociada reduce la capacidad estatal para apoyar a quienes enfrentan gastos catastróficos.

Por tanto, las soluciones no deben fomentar una lógica de “sálvese quien pueda” para las compras en farmacias. El desafío es avanzar hacia un plan nacional de medicamentos que reduzca de verdad el gasto de bolsillo, con topes claros según ingreso, mejor uso de las compras públicas y una priorización explícita de los medicamentos crónicos y de alto costo. Esa es la conversación que debería marcar esta elección y el trabajo del próximo gobierno.