No es un misterio que el cambio climático ya está aquí. Día a día somos víctimas de eventos meteorológicos extremos como temperaturas máximas históricas, inundaciones e incendios forestales. Si queremos evitar consecuencias aún más desastrosas, el mundo debe pisar el acelerador en la reducción de los gases de efecto invernadero. Parte fundamental de ese esfuerzo está asociado a la transición energética hacia tecnologías renovables y la electromovilidad.
Esta transición implica, entre otras cosas, un aumento de la demanda global por aquellos minerales que son críticos para la generación, transporte y almacenamiento de la energía renovable. Para alcanzar el cero neto de emisiones al año 2050, la demanda global por minerales críticos debería casi triplicarse para 2030 y cuadruplicarse para 2040.
Este escenario presenta oportunidades para países como Chile, ya que el renovado interés en industrias como el cobre, litio y otros minerales puede impulsar nuestro alicaído crecimiento económico. Si se implementan buenas políticas públicas, estas industrias pueden ser un impulso para la generación de valor agregado y encadenamientos productivos, contribuyendo a diversificar nuestra economía. Asimismo, el Estado puede captar importantes recursos que luego pueden ser destinados a la provisión de servicios públicos y el desarrollo local.
Sin embargo, la creciente demanda por minerales críticos también conlleva riesgos que debemos reconocer para hacernos cargo. Sabemos que, en muchas ocasiones, la minería ha generado daños ambientales y afectado a comunidades locales. Se trata de un dilema ético de época: en los tiempos de la triple crisis planetaria, ¿hasta qué punto la descarbonización de las matrices globales puede justificar daños a ecosistemas y a quienes los habitan? A nuestro entender, la transición energética no puede caer en la paradoja de impulsar la extracción irresponsable de minerales críticos, y ello requiere transparentar sus impactos.
En 2024, la Secretaría General de las Naciones Unidas convocó un panel que propuso principios y recomendaciones para guiar la producción de minerales críticos para la transición energética. Ellos incluyen el respeto a los derechos humanos en todas las cadenas de valor, la protección del medioambiente y la biodiversidad, la distribución justa de los beneficios, la generación de valor agregado, y la transparencia y rendición de cuentas, entre otros. Queda por ver todavía si estas recomendaciones se pueden hacer realidad, especialmente en un contexto geopolítico inéditamente cambiante.
En cualquier caso, pueden proveer un marco general que Chile puede utilizar para la generación de una estrategia que nos permita transformar nuestros minerales críticos en una oportunidad de desarrollo sostenible y justo para todas las personas.