El fin de semana se hizo público que la ex ministra del Trabajo y de Justicia del pasado gobierno de Bachelet, renunció a su cargo en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el cual fue designada por la ex presidenta en 2017. Dicho nombramiento fue muy criticado por la oposición del momento, así como por la opinión pública en general, dadas las investigaciones que enfrentaba tanto por la situación del Sename como de pensiones de Gendarmería.

Si bien la presidenta no hizo otra cosa que hacer uso de una facultad que la ley le entrega, varias fueron las críticas —además de lo anterior- que surgieron: el alto sueldo que reciben los titulares del cargo sin contar con dedicación exclusiva, la casi vitalicia duración de éstos —hasta los 75 años- y el poco control social y rendición de cuentas de este tipo de designaciones.

Lo limo no es algo nuevo y ha sido constantemente puesto en el debate con otro tipo de designaciones, como la del Fiscal Nacional, miembros del Tribunal Constitucional, del directorio de TVN, del Servicio Electoral y un sinfín de entidades, donde incluso se han hecho campañas llamando a un «No al cuoteo», es decir, que lo que prime no sean las afinidades políticas.

El Presidente Piñera señaló a raíz del nombramiento en reemplazo de Blanco que deberá realizar, que su gobierno está trabajando en una propuesta de modernización del CDE, abarcando algunos de los temas anteriores. Esperamos que esto considere los requisitos mínimos que deben cumplir las personas en este cargo, como alta experiencia en litigios y destacarse en la profesión, así como períodos de información pública a los medios y ciudadanía sobre posibles nombramientos.

Si bien en este caso el Congreso no participa, se podrían prever mecanismos de participación ciudadana, como abrir estos procesos a concursos públicos. Con lo anterior, podemos ir avanzando en profesionalizar cargos que requieren de cierta expertise y conocimientos y vamos dejando atrás espacios de discrecionalidad, que en ocasiones pueden utilizarse como botines políticos. De este modo, fortalecemos nuestras instituciones y la confianza ciudadana en ellas.