Luego de largos meses lidiando con sus destructivos efectos, resulta más que difícil que la agenda pública haga lugar a temas distintos que la pandemia y sus consecuencias. Y si bien parece que este virus implacable no dará tregua por un buen tiempo, los plazos y la magnitud del asunto hace urgente que de alguna manera logremos retomar una discusión que había quedado inevitablemente relegada a un espacio secundario. Estamos a menos de 90 días de la realización del plebiscito constitucional y apremia darle a la elección que decidirá nada menos que el futuro constitucional de Chile la importancia que para nuestra democracia merece y requiere.
Así, el camino que se recorra para llegar de buena manera al 25 de octubre y la forma en que se lleve a cabo, es de similar importancia al resultado de la consulta constitucional misma. Establecer estrictas y claras normas de financiamiento para la campaña, diseñar medidas sanitarias que recojan los legítimos temores ciudadanos por asistir a locales electorales en contexto de pandemia, socializar las medidas de manera sencilla y efectiva, junto con transmitir la épica de participar en el hito político más importante para nuestro país en lo que va del siglo, son algunas de las tareas que no pueden seguir esperando. Los últimos meses han mostrado a las autoridades, con crudeza y en varias ocasiones, los costos que se pueden pagar cuando se llega tarde a desafíos ineludibles.
En relación con lo anterior, hay algunas señales que son motivo de alarma. La reciente cuenta pública del Presidente omitió profundizar en estas materias. Además, se escuchan, cada vez con más frecuencia, voces que aseguran que no existen condiciones para una discusión constitucional. Así, en las razones de quienes descreen del proceso, parece imperar el temor. Por cierto, dichos temores no pueden ser menospreciados, pero cabe señalar que la exigencia de condiciones perfectas parece no tomar en cuenta que el país está en una crisis de tal gravedad, que requiere con urgencia de un nuevo pacto común para las próximas décadas.
En la encuesta CEP de enero pasado, un preocupante 50% de los participantes señaló sentirse enojado sobre cómo están las cosas en Chile. He escuchado muchas historias sobre la participación en el plebiscito de 1989. No pretendo equiparar ambos momentos, sino señalar que, tal como en esa ocasión, se abre una oportunidad para rediseñar arreglos institucionales que muchos perciben como opresores e injustos. Canalizar políticamente las diferencias por medios legítimos, tal como una discusión constitucional, es una buena manera de encauzar no solo el muy difícil último año que hemos tenido, sino conflictos largamente larvados en nuestra sociedad. No hay sino sabiduría en ese viejo dicho que dice que el primer paso para salir del enojo es conversando entre todos y todas.