Hace casi un mes conocimos, a través de un reportaje de televisión, la denuncia a la Municipalidad de Calera de Tango sobre irregularidades para la obtención de licencias falsas.

El reportaje daba cuenta de una red compuesta por funcionarios y personas externas al municipio que se articulaban para cobrar entre 150 mil y 500 mil pesos por licencias de conducir a personas que no eran aptas para obtener este tipo de permisos. La semana pasada el OS9 de Carabineros realizó allanamientos en la municipalidad y los domicilios de algunos implicados.

Al parecer, este era un negocio tremendamente rentable para quienes participaban de la red, los que se enriquecieron a costa del riesgo que significa otorgar licencias irregularmente a personas que no deberían manejar. Se ha dicho a través de distintos medios y en distintos tonos: urge mejorar los estándares de control y prevención de la corrupción en los municipios, pues es ahí donde existen muchas vulnerabilidades de que ocurran casos como estos.

Según el Observatorioanticorrupcion.cl el avance de las medidas en materia de probidad y fortalecimiento de municipios es de apenas un 36% y con una nota de calidad de las propuestas de 2,4. ¿Por qué se ha postergado por tanto tiempo este importante ámbito de regulación para prevenir la corrupción? ¿Quiénes se oponen a implementar mecanismos que con toda seguridad van a mejorar la calidad de nuestra democracia y el acceso a los bienes y servicios que los municipios brindan a la comunidad? Por el momento, parece ser que ha sido simplemente desinterés en el mundo municipal la causa de este rezago.

No podemos darnos el lujo, como país, de contar con modernas regulaciones al financiamiento electoral, la declaración de patrimonio y otras medidas que han avanzado muy bien en su diseño e implementación, mientras los municipios, que son la primera fuente de contacto entre el Estado y la ciudadanía, siguen quedando atrás.