Hace casi una década, se publicó en el diario oficial la ley que dio origen a la inscripción automática con voto voluntario. Al analizar las opiniones técnicas que se presentaron en esa época, ya se vislumbra la falta de evidencia en varias de nuestras discusiones políticas. De hecho, para quienes creen que esto es una moda de los últimos años, les recomendaría revisar el debate de aquel entonces. Las aprensiones y potenciales escenarios presentados describen con bastante cercanía lo que hemos vivido en los últimos años. Para reforzar este punto, recomendaría el documento del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Juan Pablo Luna en 2011. Por razones que expuso de manera muy clara Carolina Tohá en una columna en este medio, se terminó aprobando el proyecto de voto voluntario; y si bien el padrón se dejó de desfondar etariamente, esto no se tradujo en una participación real de aquellos grupos que se pretendía involucrar, y mucho menos en una mejora tangible de nuestra democracia.

Desde las elecciones sin voto obligatorio, la caída en participación ha sido enorme. Y como se había alertado, se consolidaron las desigualdades estructurales. El punto más bajo fue en las elecciones municipales de 2016, donde participó en promedio un 36% del padrón electoral a nivel nacional. En comunas como La Granja, La Pintana o Quinta no se superó ni siquiera el 25% del padrón. Si bien las elecciones municipales son entendidas como de segundo orden, y por ello se espera una participación menor, las elecciones nacionales no tuvieron resultados exitosos. La preocupación del sistema político se ha acrecentado en los últimos meses, el estallido terminó por quebrar una relación entre la institucionalidad política y la ciudadanía que venía débil hace muchos años, y que está lo suficientemente documentada. En el afán de querer representar a un electorado que desconocen han aparecido propuestas que terminan siendo una sobrerrepresentación de los deseos ciudadanos, y a esto se han sumado caminos que buscan con urgencia lograr participación de actores políticos que podrían salvar aquello que no hemos podido solucionar en al menos 10 años. En las últimas semanas, y luego de la elección de convencionales, se ha retomado la discusión sobre la obligatoriedad del voto.

Nuestra crisis política no mejorará si tratamos a la ciudadanía como ovejas que se pueden mover con la fuerza de leyes. El voto obligatorio con inscripción voluntaria es un paso que debemos dar, y puede ser positivo para propiciar la participación. Pero este cambio no es un milagro. Y el aumento de participación no es igual a superar la desafección. Habrá que promover medidas que faciliten la votación, sanciones no económicas que incentiven la participación y sobre todo habrá que propiciar que los actores políticos muestren que las elecciones valen la pena.