A fines del año pasado se aprobó una serie de modificaciones en materia de persecución y sanción a delitos de corrupción, entre ellos aumentar las penas que hasta el momento, en su mayoría, eran francamente ridículas para la gravedad de los ilícitos-, establecer nuevos delitos de corrupción entre privados e introducir la figura de la delación compensada o cooperación eficaz. Esta última ya se encontraba regulada en nuestra legislación para infracciones a la libre competencia -como la colusión-, al mercado de valores o para delitos como el narcotráfico y terrorismo. Su objetivo es que personas que hayan (o estén planeando) participar en este tipo de hechos den información precisa, verídica y comprobable que contribuya a la investigación. En el caso de corrupción, se puede reducir la pena en hasta dos grados.
La delación compensada a veces es criticada porque puede producir una suerte de «perdonazo» a personas que reconocen haber participado en delitos, sin embargo, en varias ocasiones ha permitido descubrir entramados tan sofisticados que sin ésta no se habría podido llegar a altos cargos. Este es el caso de Odebrecht, donde hoy cumplen condena en Brasil poderosos empresarios e incluso el ex Presidente Lula da Silva -más reducida e incluso algunos con arresto domiciliario en sus grandes mansiones.
Por eso, para que estas herramientas sean realmente eficaces debe cumplirse una serie de condiciones que no lleven a la absoluta impunidad de los colaboradores o que no se utilicen para «vendettas» o incluso para persecuciones políticas, algo que se cuestiona en Brasil respecto del ex Presidente al que se le impidió ser candidato y donde recientemente se han revelado audios que ponen en duda la imparcialidad del juez Moro, que llevó la causa.
En Chile aún es muy pronto para evaluar si dichas condiciones se dan, ya que, al menos que sea de público conocimiento, esta herramienta legal aún no se ha aplicado. Sin embargo, constituye un gran avance que se haya introducido el reconocimiento a la cooperación eficaz y esperemos que sirva efectivamente para detectar y sancionar casos de corrupción en nuestro país.