Alrededor de 60 personas, destacados profesionales, parlamentarios y algunas organizaciones de la sociedad civil firmamos ayer una declaración haciendo un llamado al Gobierno y al Congreso a combatir firmemente la corrupción. Estamos frente a una gran oportunidad. Hoy en la tarde, una comisión seguirá discutiendo un proyecto de ley que busca elevar las penas por delitos de corrupción y establecer delitos nuevos de corrupción entre privados.

Sin embargo, hasta el momento las propuestas discutidas son leves y la mayoría de las penas suben un solo grado, es decir, en el caso de un funcionario que pide un soborno para cumplir con sus funciones, no serán mayores a 3 años. Lo anterior implica que lo más probable es que, de ser condenado, cumpla esta pena en libertad.

Como recientemente se indica en un informe de la Fundación Ciudadano Inteligente, en Chile, incluso con esa alza de penas, seguimos quedando bajo muchos otros países en cómo sancionamos la corrupción. En Estados Unidos se puede llegar a sanciones –y de cárcel efectiva- de 15 años. En España acaban de ser condenadas una serie de personas por varios delitos de corrupción a sanciones máximas de más de 50 años.

En Brasil, además de ex empresarios condenados, el ex presidente Lula enfrenta penas de 12 años y un ex presidente del Senado a penas similares. Mientras tengamos delitos como el hurto, la piratería y, según lo que propone el Gobierno, la receptación de autos con penas bastante más altas, no podremos decir que nos tomamos en serio la lucha contra la corrupción.

Se tratan de conductas tan o más graves que las anteriores y con implicancias serias para nuestra democracia. Esperemos que la discusión de hoy tome en cuenta lo anterior y mande un mensaje contundente a la ciudadanía de que no toleraremos más este tipo de delitos y que la respuesta como sociedad será potente.